El violento avasallamiento del predio Patujú, en el municipio de Montero, y las agresiones contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dirigentes cívicos y autoridades locales, constituyen un hecho gravísimo que no admite eufemismos. Lo ocurrido no fue una “retención” ni un “conflicto entre partes”. Fue un acto delictivo perpetrado por encapuchados armados que irrumpieron en una propiedad privada, privaron de libertad a personas, las sometieron a amenazas y agresiones, y enfrentaron con violencia la presencia de las autoridades. En cualquier Estado de derecho, ese tipo de hechos solo tiene un nombre: crimen organizado.
Pretender reducir este episodio a un simple incidente político o a una imprudencia de las autoridades que acudieron al lugar, como lo hizo el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, es un intento inaceptable de desviar el foco del problema. La “irresponsabilidad” no fue de quienes buscaron rescatar a familias y trabajadores retenidos; la irresponsabilidad es del Estado cuando permite que grupos encapuchados actúen impunemente durante días, mientras la Policía, la Fiscalía y el INRA miran hacia otro lado.
El relato de los hechos es elocuente. Durante seis días, un grupo de individuos ocupó ilegalmente un predio productivo, impidió la salida de mujeres y niños, y atacó con piedras y palos a quienes intentaron ingresar. Solo después de que el gobernador Camacho llegó al lugar, la Policía desplegó un contingente de más de 500 efectivos y tomó control del área. En el sitio se hallaron carpas, machetes, petardos y listas de aportes, elementos que revelan la existencia de una estructura organizada con logística y mando, no de un grupo improvisado. Los fiscales ya investigan por avasallamiento, privación de libertad, lesiones graves y asociación delictuosa.
Bolivia vive desde hace años una escalada de avasallamientos que corroe la seguridad jurídica, el derecho a producir y la confianza en las instituciones. Bajo el disfraz de “organizaciones sociales” operan verdaderas mafias dedicadas al tráfico de tierras, amparadas muchas veces por la complicidad o la indiferencia de funcionarios del propio Estado. Si el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) facilita información sensible o tolera la ocupación de predios en saneamiento, incurre en corresponsabilidad.
La tierra es un bien productivo, no un botín político. Cada hectárea usurpada a productores que generan alimentos es un golpe directo a la economía y a la paz social. La criminalidad que se oculta tras el discurso del “reparto equitativo” o del “derecho al territorio” solo busca lucrar con la violencia y el miedo. Es hora de que el Estado asuma su deber con firmeza: identificar, procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos, y desmontar las redes que operan detrás de los avasallamientos. No hacerlo equivale a ser cómplice.
Cuando un ministro acusa de “irresponsables” a las autoridades que exigen acción y calla frente a los delincuentes encapuchados, el mensaje es devastador: se castiga al que cumple y se protege al que viola la ley. Esa inversión de valores destruye los cimientos del Estado de derecho y alienta nuevas tomas, nuevas violencias.
El país no puede resignarse a convivir con mafias de encapuchados que siembran terror en el campo mientras las instituciones dudan o titubean. Si el Estado no combate con decisión estas organizaciones criminales, terminará rindiéndose ante ellas.
La paz se construye sobre la justicia. Y la justicia empieza cuando la ley deja de ser selectiva y vuelve a ser universal.
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