La llamada Ley Corta para garantizar el abastecimiento de combustibles fue aprobada, pero aún no llega al despacho del Ejecutivo para su promulgación. En medio de la urgencia por resolver la crisis de diésel y gasolina, el trámite avanza con lentitud. La burocracia se impone incluso en una norma concebida para evitar el colapso del transporte, la producción y los servicios esenciales. La paradoja es evidente: una ley de emergencia que tropieza con los mismos procedimientos que intenta agilizar.
Más allá del retraso administrativo, el verdadero desafío será su reglamentación. La aplicación de esta norma requiere definir aspectos técnicos, costos, impuestos, márgenes de comercialización y mecanismos de control. Importar combustibles no es un proceso simple; involucra contratos internacionales, certificaciones ambientales, logística de transporte y condiciones de seguridad. La intención es buena, pero la ejecución puede volverse un laberinto si el Estado no actúa con eficiencia y transparencia.
En contraste con esa inercia institucional, el encuentro del presidente electo Rodrigo Paz con el empresariado boliviano trajo un aire distinto. El diálogo franco y la promesa de eliminar “el Estado tranca” abren una etapa de cooperación. Tender puentes con quienes generan empleo y riqueza es, quizá, la mejor señal política en medio de la crisis económica más severa de los últimos años.
¿Quiere recibir notificaciones de alertas?