Los recurrentes paros de salud se han convertido en dolorosa muestra de cómo una legítima reivindicación laboral puede desvirtuarse hasta transformarse en un atentado contra la dignidad y la vida de los pacientes. Cuando hospitales y centros de atención cierran sus puertas, no solo se suspende un servicio: se frustra la esperanza de quienes, en su fragilidad, dependen de la empatía y el compromiso de los responsables de la salud. Las víctimas de esta medida no son los ministerios ni las administraciones, sino los enfermos que esperan un tratamiento, los ancianos que necesitan medicarse, los niños que sufren dolores y los familiares que imploran auxilio.
Resulta inconcebible que un derecho tan elemental como la atención médica se convierta en instrumento de presión. Nada puede justificar que el sufrimiento ajeno sea utilizado como medio de protesta. La medicina, por su propia esencia, está fundada en la ética del cuidado, en el deber de proteger y aliviar, incluso en condiciones adversas. Cada paro que deja a un paciente sin atención vulnera el juramento hipocrático y erosiona la confianza de la sociedad en un sistema que debería ser sinónimo de humanidad y vocación de servicio.
Reclamar mejores condiciones laborales, salarios dignos o reformas estructurales es legítimo; pero el modo de hacerlo no puede despojar de atención a quienes más la necesitan. Los paros continuos y prolongados revelan una preocupante pérdida de sensibilidad y responsabilidad social. Es urgente recuperar el sentido profundo de la medicina como acto de compasión y solidaridad. La protesta no puede tener como precio la vida ni la desesperación de los pacientes.
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