La mala programación del calendario electoral, ha puesto en evidencia el excesivo tiempo entre la elección general y el balotaje, tiempo que pudo haberse reducido a niveles de necesidad electoral y no mantener al país con un gobierno de salida, que, en nuestro caso, le permitió seguir ahondando la destrucción del país. A esta situación de un espacio de tiempo excesivo, ahora tenemos que adicionar otro tiempo excesivo entre el balotaje y la posesión del nuevo gobierno, a pesar de que ya se conoce quien estará a cargo del mismo, generando un espacio de alto riesgo, en el que el gobierno saliente sigue agravando los males que está atravesando la población boliviana.
El nuevo gobierno, cualquiera que hubiese sido elegido, deberá enfrentar la reconstrucción total del país. Durante los veinte años anteriores, los dos desgobiernos que se tuvo se han esmerado no en hacer cambios profundos, sino que con mucha diligencia desde el primer día que asumieron el gobierno, fueron destrozando todos y cada uno de los estamentos del país.
Han destrozado la institucionalidad, tan necesaria e inherente al mejor funcionamiento del Estado. No existe (sin animo de exagerar) alguna institución que podríamos rescatar que se hubiera mantenido en estos 20 años de desgobierno. La desinstitucionalización tiene consecuencias graves, que si bien pueden no llevar al extremo de hacer desaparecer un Estado (casos existen como el de Somalia), sí los hace cada vez más débiles, sujetos a ser atacados desde adentro y desde fuera. El crecimiento de la actividad delincuencial, la dependencia de la economía informal basada en el narcotráfico, la pérdida de respeto hacia el Estado, son algunos fenómenos que se explican a partir de esa debilidad estructural, que nos condena irremediablemente a que continuemos en nuestro camino barranca abajo.
En cualquier país, las estructuras que componen el Estado son las instituciones. Sean grandes o pequeñas, las instituciones se convierten en referentes serios de organización, sin los que un Estado no existe. Ardua tarea espera al nuevo gobierno, para reconstruir a todas y cada una de ellas.
Bolivia no participa en la prueba internacional educativa, el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) que se realiza cada tres años y mide el desempeño de los estudiantes en ciencias, lectura y matemáticas; tampoco lo hacen Cuba y Venezuela. Es obvio que no es necesario participar en esa evaluación internacional, para saber que la educación boliviana se encuentra en los niveles más bajos, como una consecuencia ‘normal’ ya que en el presupuesto general del país se asigna el 1,36% a la educación. Este mínimo porcentaje no es superior ni diferente respecto de otros años y a otros gobiernos, la educación no es política de Estado, no es preocupación de los gobernantes en todos sus niveles -nacional, departamental y municipal- e increíblemente tampoco es preocupación de la población en general.
Esa pobre mentalidad que tenemos los bolivianos, con rarísimas excepciones, además de la mala preparación educativa de niños y jóvenes, se refleja en las conductas de violencia de género, feminicidios, violencia doméstica y aumento del crimen, con el agravante del refuerzo de que los medios, principalmente la TV, dan al crimen las mejores horas de audiencia en sus informativos, con la complicidad de telenovelas que hacen apología del narcotráfico.
Hay muchas cosas más que se han destruido en los 20 años anteriores y toca al gobierno que asuma el próximo mes encarar la reconstrucción del país.