El reciente cambio en la directiva del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha despertado serias dudas sobre la independencia y el rol fiscalizador que debería ejercer el órgano deliberante frente al Ejecutivo Municipal. La elección de Juan Carlos Medrano como presidente del Concejo, acompañada por la designación de Miguel Fernández Rea -hijo del alcalde Johnny Fernández- como vicepresidente, genera inquietud justificada sobre un posible alineamiento con el oficialismo y una disminución de los contrapesos democráticos dentro del gobierno municipal.
El Concejo Municipal tiene la responsabilidad constitucional y política de fiscalizar las acciones del Ejecutivo, velar por la transparencia en la gestión pública y representar los intereses ciudadanos, incluso frente a decisiones impopulares o irregulares del alcalde. Sin embargo, cuando los lazos familiares y políticos entre los máximos representantes del Ejecutivo y del Legislativo se estrechan de esta manera, se pone en entredicho la capacidad real de ejercer esa función crítica.
En democracia, la separación de poderes no es un simple formalismo; es una garantía para el control y equilibrio en la gestión pública. Por ello, la nueva directiva del Concejo está llamada a demostrar, con hechos, que puede ejercer una gestión autónoma, ética y comprometida con los intereses de los cruceños, más allá de afinidades políticas o vínculos familiares. De lo contrario, esta reconfiguración del poder solo consolidará una percepción de impunidad y concentración del poder, altamente peligrosa para la salud democrática del municipio.
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