Las calles de Santa Cruz de la Sierra han dejado de ser únicamente avenidas de crecimiento y modernidad. En cada semáforo, bajo cada puente, en las plazas céntricas y hasta en los rincones más concurridos de la ciudad, se dibuja un drama silencioso: el desborde de la mendicidad, la indigencia y la presencia de personas en situación de calle. Una realidad incómoda que muchos prefieren ignorar, pero que se vuelve imposible de disimular ante su incontenible crecimiento.
Santa Cruz, capital económica de Bolivia y símbolo de progreso, también es el espejo donde se refleja con crudeza la desigualdad. La promesa del ‘modelo cruceño’ de desarrollo, que ha traído inversiones, expansión inmobiliaria y dinamismo empresarial, parece dejar fuera del marco a quienes no tienen techo, comida ni oportunidades. Mientras los rascacielos crecen, también lo hacen los campamentos improvisados con plásticos y cartones, visibles incluso en zonas de alto tránsito. O los caseríos levantados sobre el Cordón Ecológico de la ciudad, a orillas del río Piraí.
El fenómeno no es nuevo, pero sí su magnitud. Lo que antes parecía un problema focalizado ahora es una situación extendida. Niños descalzos vendiendo dulces de madrugada, adultos mayores durmiendo en bancos de parque, madres con bebés mendigando bajo el sol, jóvenes consumidos por adicciones sin ningún tipo de atención. La indigencia dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un síntoma estructural de exclusión social.
Las causas son múltiples: pobreza extrema, desempleo crónico, violencia intrafamiliar, migración del campo a la ciudad, abandono estatal y falta de políticas efectivas de salud mental. A esto se suma el deterioro del tejido comunitario, donde muchas veces prima el individualismo por encima de la solidaridad. Sin redes de apoyo ni intervención oportuna, el callejón sin salida se vuelve literal para miles de personas.
Lo más preocupante, sin embargo, no es solo el crecimiento numérico de quienes viven en la calle, sino la indiferencia institucional con la que se aborda el tema. La Alcaldía cruceña parece carecer de una política pública integral para enfrentar la indigencia. Las acciones asistencialistas, esporádicas y mal coordinadas no alcanzan ni a mitigar la emergencia. No se trata solo de ‘limpiar la ciudad’ o desalojar espacios públicos; se trata de recuperar la dignidad humana de quienes han sido empujados al margen.
El Gobierno central, por su parte, también guarda silencio. Pese a que la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y a la inclusión social, no se ven programas nacionales articulados con los gobiernos locales para atender esta problemática. Santa Cruz de la Sierra no es la única ciudad afectada, pero sí una de las más visibles, lo que la convierte en un termómetro social que debería encender las alarmas.
Frente a este panorama, urge un enfoque multidimensional. No basta con ver a la mendicidad como una cuestión de orden público o estética urbana. Es una cuestión de derechos humanos. Se necesita un plan metropolitano que integre salud, trabajo, educación, vivienda y acompañamiento psicosocial. Se necesitan refugios temporales dignos, centros de rehabilitación para adicciones, programas de reinserción laboral, e iniciativas comunitarias de acompañamiento.
También es indispensable revisar el papel de la sociedad civil. No se puede seguir culpando únicamente al Estado. Empresas, iglesias, universidades, ONG y ciudadanos deben formar parte activa de la solución. La caridad momentánea es valiosa, pero se necesita compromiso sostenido y estructural. Hacer visible al invisible es el primer paso para empezar a cambiar la realidad.
Santa Cruz está llamada a ser una ciudad modelo no solo por su economía, sino por su capacidad de cuidar a los más vulnerables. Ignorar el desborde de la indigencia es contribuir a la deshumanización de nuestra sociedad. Porque una ciudad que permite que miles vivan en la calle sin atención, no está en desarrollo: está enferma de indiferencia.