El norte de La Paz espera inversiones para progresar. Hoy, esa región paceña sufre el descuido estatal y empieza a sufrir por incendios y sequías en medio del olvido. A eso se suma que sus áreas protegidas, como el parque Madidi y el Pilón Lajas, tienen serios problemas de asentamientos por la minería ilegal, lo que provoca contaminación de ríos.
La Paz sufre como nunca por la cantidad de incendios forestales. Ayer, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, se alarmó tras conocer la “escalada” de incendios que azotan al departamento de La Paz, sobre todo en el norte. Los municipios más afectados son Guanay, Palos Blancos, San Buenaventura, Caranavi, Teoponte y Mapiri.
“Nos preocupa la cantidad de incendios que se están generando en La Paz, como nunca. Es el primer año que de forma impresionante o como una escalada de incendios que se va generando en este departamento. Ha partido el equipo técnico y un camión con 20 mil litros de combustible aéreo, que no es fácil, ya salieron equipos de la Fuerza Aérea Boliviana para que hagan el estudio in situ y poder operar el helicóptero (...) se estima que mañana (hoy) ingrese entre las 10:00 y 11:00 de la mañana”, afirmó el viceministro Calvimontes.
En la pasada gestión no se sufrió tanto por los incendios, ya que los pobladores hicieron un cuidado en la quema de pastizales. Este año, según expertos, aumentó la producción agrícola y también se extendió el campo ganadero, lo que provoca que haya más chaqueos para trabajar la tierra.
Planes a futuro El viceministro dijo que se prevé, una vez extinguidos los incendios, que se haga una evaluación con miras a reforestar los sectores afectados y, principalmente, proteger los ojos de agua. Calvimontes añadió que se acordó con autoridades de los municipios del norte paceño ejecutar una estrategia de intervención con equipos de bomberos, distribución de herramientas para evitar incendios y el traslado de tanques de almacenamiento de agua. En la comunidad Patujú de la Central Cerro Pelado, que pertenece al municipio de Palos Blancos, viven alrededor de 32 familias. Los comunarios se dedican a la agricultura y se encuentran consternados y afectados por la ausencia de lluvias. En esta zona se vive una fuerte sequía que va afectando y ocasionando la perdida de sus producciones y cultivos como café, maíz, arroz, cítricos, plátanos y otros que irremediablemente se van secando. Martín Renfijo, dirigente de la comunidad Patujú, expresó su preocupación por la situación que están pasando las familias, ya que en su gran mayoría viven de la agricultura, que es el principal sustento de su economía. El dirigente lamentó que a consecuencia del cambio climático no haya producción en su zona. “Pasamos hace un tiempo problemas por los incendios. Llegó cerca a la comunidad Patujú, pero no nos afectó directamente. Lo que si nos afecta es la sequía que estamos sufriendo. No tenemos agua ni para riego ni para nosotros. Estamos sufriendo, ya que el agua es vital para la producción, pero ya se nos acabó hace mucho tiempo”, lamentó Renfijo. El déficit o la poca intensidad de lluvias generan preocupación y afectación en miles de familias del país. Por la sequía, ya Oruro declaró desastre departamental, mientras que La Paz, Cochabamba y Chuquisaca están en emergencia. En el oriente no están al margen de este problema. En el departamento de La Paz hay dos zonas donde la sequía golpeó duramente. En el altiplano y en municipios del norte. Según el reporte del Viceministerio de Defesa Civil, en el departamento de La Paz 53 de los 87 municipios se declararon en desastre, pero la Gobernación solo determinó estado de emergencia. “Solo ha emitido su declaratoria en emergencia, quiere decir que La Paz tiene capacidad técnica, económica para poder resolver las necesidades de sus 53 municipios que se han declarado en desastre”, justificó Calvimontes. En el norte paceño la falta de agua perjudica en la agricultura y ganadería, pero también a las familias. Los municipios más afectados por la sequía son Apolo, Ixiamas, Palos Blancos, Caranavi, Guanay, Teoponte y Mapiri. Áreas protegidas afectadas La minería mecanizada para extraer oro es un problema creciente que, sumado a otros como la caza ilegal y la inacción del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), deja en impotencia a los vigilantes del parque nacional Madidi. La huella humana afecta ya el 0.79% del área de protección estricta y, en lugar de disminuir supera el 1% en cinco años. Algo similar ocurre con el parque Pilón Lajas, que sufre por avasallamientos con fines de extracción de oro. Ambas reservas se encuentran en el norte de La Paz, aunque el Pilón Lajas es compartido con el departamento de Beni. El oro es uno de los metales más codiciados de Bolivia, pues su precio es superior al de cualquier otro: un gramo cuesta 60 dólares. En 2022 se exportó por un valor de más de 3.000 millones de dólares, pero el país solo se benefició con poco más de 60 millones, según datos del Ministerio de Minería; el resto se fue a manos, principalmente, de cooperativistas. Por los altos precios y la demanda internacional, los buscadores de oro nacionales y extranjeros ingresan en nuevas áreas, incluidas las zonas protegidas. En el río Tuichi, que está en el Madidi, maquinarias pesadas irrumpieron donde se extraía oro desde antes, aunque de forma artesanal, a decir de los comunarios del lugar. Cerca de 30 actividades mineras, casi todas ilegales, operan en el río Tuichi, desde la comunidad Santa Rosa hasta Azariamas. A su paso, los mineros dejan árboles tumbados, cerros depredados, agua estancada y sedimentos en el afluente del Tuichi. En la inmensidad del Madidi hay seis ecorregiones: alta andina, bosque nublado, bosque seco, sabanas de montaña, bosque húmedo de pie de montaña y pampas del Heath, lo que convierte a este parque nacional en el hogar de una gran diversidad de animales, por ejemplo, del oso andino, de la paraba militar, de la palkachupa, del marimono y del jaguar. En el Pilón Lajas también sus comunidades están afectadas por la expansión minera. En varias comunidades se organizan para evitar el ingreso de mineros, pero además están en contra de la construcción de represas. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) se organizó y se mostró como un escudo para el ingreso de la minería ilegal en el norte paceño. Por ahora la lucha solo es de los indígenas.