Álvaro Munguía*
Esta semana ha comenzado con muy malas noticias para la aviación civil en nuestro país. Primero, hemos conocido que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), ha emitido un comunicado en su sitio web oficial en el que señala: Bolivia ha emergido como un problema, pues repatriar las ganancias por venta de pasajes se ha tornado cada vez más difícil e insostenible para las aerolíneas.
Concretamente, este comunicado indica que en nuestro país se ha bloqueado la posibilidad de envío de 42 millones de dólares a las líneas aéreas extranjeras. Aunque las autoridades gubernamentales traten de disimular y hasta tergiversar la realidad, lo cierto es que IATA considera a nuestro país como problemático para la aviación comercial internacional. Y sí, aunque se pretenda negar este hecho, estamos en una lista negra , que, oprobiosamente compartimos con países como Mozambique, Etiopía, Angola, Bangladesh, etc. Como segunda noticia relevante en temas de aviación, se ha presenciado la protesta de las agencias de viaje que reclaman la disminución de las comisiones que les pagaba Boliviana de Aviación (BoA) por pasajes vendidos. Esta coyuntura es muy delicada para un gran número de empresas de turismo, cuyos ingresos económicos, desde luego, se verían afectados por esta rebaja en las comisiones. Sin embargo, es necesario penetrar en el trasfondo de esta reducción para entender que, tal decisión de BoA, implicaría que esta aerolínea está urgida de mejorar sus ingresos, pues probablemente esté atravesando por una mala situación financiera. Una tercera noticia que se relaciona también a BoA, se refiere a las constantes demoras de vuelos o la cancelación de los mismos, con enormes perjuicios a los pasajeros. Sobre este asunto cabe destacar que la anterior semana varios medios de comunicación han informado que la aerolínea estatal no estaría pudiendo cumplir con los pagos en dólares de las aeronaves que están en leasing, con lo cual su flota se habría reducido y, por tanto, ya no estaría en condiciones materiales de cubrir todos sus itinerarios y rutas. Es evidente que al faltar dólares no se pueden cumplir los contratos de arrendamiento de los aviones, que son celebrados con grandes empresas extranjeras, bajo leyes internacionales y cuyas cláusulas estipulan el dólar como única moneda de pago. Un cuarto asunto que se ha puesto de manifiesto, es la resucitación del Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) S.A., que fue el administrador de los aeropuertos principales desde el año 1997. Sabsa S.A. es una empresa que fue constituida por personas privadas, y después sus acciones fueron “nacionalizadas” por el gobierno de Evo Morales. En realidad, de nacionalización no hubo nada, lo que hubo fue el pago de 23 millones de dólares a la empresa Abertis S.A. española, es decir, una mera compra de acciones. Ahora bien, después de que venció el contrato de concesión de administración de aeropuertos para Sabsa en febrero de 2022, las autoridades nacionales decidieron disolver esta empresa e ingresar en un proceso de liquidación; sin embargo, milagrosamente, el año 2023 se decide reactivarla, es decir, anular la disolución, aspecto que no está contemplado en nuestra legislación. Ahora supuestamente Sabsa pretende prestar servicios terciarizados aeroportuarios como seguridad de la aviación, facturación de pasajeros, facilitación del transporte, búsqueda de equipajes perdidos, tratando de ingresar al mercado para competir con empresas privadas que, desde hace años prestan estos servicios y tienen sobrada y reconocida experiencia en el sector. Finalmente, la última noticia tiene relación con el intento de las gobernaciones de crear un nuevo impuesto sobre la propiedad de las aeronaves, situación completamente desacertada e incongruente tomando en cuenta la severa crisis económica por la que están atravesando la mayoría de las empresas de aviación, que no solamente deben realizar un sinnúmero de gastos para sus operaciones, sino que además se ven constreñidas a comprar repuestos en dólares a precios muchos más elevados. La Ley General de Transportes Nro. 165 y la Ley de Aeronáutica Civil N.° 2902 establecen un mandato clarísimo de que el Estado tiene la obligación de fomentar como prioridad nacional el desarrollo de la aeronáutica. Lamentablemente, nuestras autoridades no están cumpliendo este mandato legal, y por el contrario están adoptando medidas en contra del crecimiento y desarrollo de la aviación. En mi percepción, la aviación en Bolivia está agonizando. Todos los problemas que he mencionado traerán consigo efectos muy negativos que empiezan con el cese de operaciones de las líneas aéreas internacionales en nuestro país, el consecuente incremento del precio de los pasajes para las usuarios, el deterioro de la imagen de nuestro Estado como lugar para recibir inversiones extranjeras y ampliar los servicios comerciales aeronáuticos, inseguridad operacional, estancamiento del proyecto del Hub Viru Viru, dificultad para transportarnos vía aérea, ya sea nacional o internacionalmente, y, finalmente, quedar aislados del mundo. Desafortunadamente, el futuro para nuestra aviación civil es más que negro.
*Álvaro R. Munguía Romero
Abogado especialista en Derecho del Transporte