La discapacidad no es una condición aislada ni uniforme. Involucra deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones en la participación social que, en Bolivia, afectan a 588.231 personas con discapacidad permanente, según el Censo 2024. Esta realidad representa un desafío de salud pública y, al mismo tiempo, una deuda social histórica vinculada al acceso a derechos, servicios y protección social.
Con ese enfoque, entre agosto y diciembre de 2025, estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) desarrollaron el estudio “Evaluación y calificación de las personas con discapacidad en la Red 11 Pacajes – José Manuel Pando del departamento de La Paz”, una investigación descriptiva y cuantitativa basada en el análisis de 268 registros oficiales proporcionados por la Unidad de Tramitación, Evaluación y Calificación de la Discapacidad (UDISAM) del Servicio Departamental de Salud (SEDES La Paz).
“El estudio es netamente descriptivo, transversal y cuantitativo. El objetivo es detallar cuáles son las tendencias que nosotros podríamos encontrar en estos datos”, destaca Diego Andrés Ticona, estudiante de sexto semestre en la carrera de Medicina de Unifranz e investigador del proyecto.
Cómo se evaluó la discapacidad
El estudio examinó los procesos de evaluación y calificación que permiten a las personas acceder al carnet de discapacidad y, en algunos casos, a beneficios como el Bono de Discapacidad que otorga el gobierno nacional.
Ticona explica que el objetivo fue “analizar los datos proporcionados por UDISAM para elaborar un informe detallado sobre cómo se realiza la certificación de los informes de salud a las personas con discapacidad”.
La investigación identificó que el 54% de las personas evaluadas fueron hombres y el 46% mujeres. La mayor concentración se dio en la población de 21 a 59 años, que representó el 70,8% de los casos, es decir, personas en edad productiva.
Tipos de discapacidad y brechas detectadas
La discapacidad físico-motora fue la más frecuente, con el 43% de los casos, seguida por la discapacidad intelectual (34%). También se registraron discapacidades múltiples, auditivas y mentales. Sin embargo, no se reportaron casos de discapacidad visual, lo que evidenció limitaciones en el tamizaje especializado y posibles situaciones de subregistro.
Carla Belén Calle, estudiante de Medicina en Unifranz, señala que “se encontró principalmente discapacidad físico-motora, especialmente en adultos mayores, lo que permite entender también la presencia de discapacidades auditivas y otras limitaciones asociadas a la edad”.
La calificación y el acceso a derechos
En cuanto al grado de discapacidad, el 55% fue clasificado como grave y el 8% como muy grave. No obstante, el estudio advierte una tensión entre criterios biomédicos estrictos y la realidad funcional de las personas evaluadas, lo que puede limitar el acceso a beneficios sociales.
Miriam Bautista, docente de la carrera de Medicina y mentora del equipo de investigación, destaca que el proyecto permitió articular evaluación técnica, formación académica y extensión social.
“Trabajamos con equipos de UDISAM, que tienen la potestad de entregar certificados y carnets, pero también hicimos una evaluación científica que nos permitió identificar necesidades reales de rehabilitación integral por parte de esta población vulnerable”, afirma.
De la asistencia al reconocimiento de derechos
El líder de la Confederación Boliviana de la Persona con Discapacidad (COBOPDI), Carlos C. Mariaca Álvarez, subraya que la principal lucha sigue siendo el reconocimiento pleno de derechos.
“Existe una deuda social del Estado boliviano hacia las personas con discapacidad. Durante años se nos ha visto de manera asistencial y no como sujetos de derecho”, sostiene.
Mariaca recuerda que diferentes movilizaciones sociales permitieron romper estigmas sociales y familiares, visibilizar a las personas con discapacidad y exigir inclusión en educación, trabajo y participación social.
“Aún estamos trabajando y luchando para que se nos reconozca como sujetos de derecho y no desde una mirada excluyente”, afirma.
Hacia una inclusión más justa
El estudio concluye que, si bien el proceso de calificación se aplica conforme a la normativa vigente, persisten desigualdades territoriales, vacíos técnicos y barreras de acceso. La experiencia de una jornada multidisciplinaria en Unifranz evidenció que la capacitación continua, el fortalecimiento del enfoque biopsicosocial y la incorporación de criterios funcionales podrían mejorar la equidad del sistema.
Más allá de las cifras, los hallazgos refuerzan una idea central: evaluar la discapacidad no es solo un trámite administrativo, sino un paso clave para garantizar derechos, dignidad e inclusión real de miles de personas en Bolivia. Si quieres, puedo ajustar el enfoque editorial, reforzar el SEO o adaptar la nota a una línea institucional o académica.