En los últimos días hemos escuchado a las autoridades del gobierno, endilgar la responsabilidad del problema de la escasez de divisas (dólares o euros) a los exportadores bolivianos, a quienes se les acusa de no ingresar al sistema financiero las divisas con las que les pagan sus exportaciones. Al respecto cabe señalar que no existe ninguna norma que obligue al exportador a retornar sus dólares al país y liquidarlas en la banca local, siempre y cuando estén en cuentas extranjeras a nombre del exportador declaradas fiscalmente en la contabilidad de la empresa, de otra forma seria una fuga de divisas.
Cada empresa tiene la responsabilidad de precautelar su capital y sus reservas, en razón a los compromisos y obligaciones asumidos con los socios que han invertido en ella, con los trabajadores que reciben un salario, con los proveedores quienes confían en la compañía y finalmente con los clientes que consumen sus bienes o servicios. En el caso de la empresa exportadora, debe asegurarse que las divisas que ingresa al sistema financiero nacional estarán disponibles en los tiempos y los costos que esta requiera, si esto no es posible, como sucede actualmente en el país, no se le puede negar a las empresas el derecho a resguardar su capital y la continuidad de sus operaciones manteniendo sus divisas en el exterior y retornando lo necesarios para la sostenibilidad de su negocio.
También es oportuno aclarar que no hay ninguna restricción ni ilegalidad en que las empresas o las personas puedan tener sus reservas o ahorros en moneda extranjera sean en bancos o en caja, o en definitiva debajo del colchón. De hecho, las circunstancias evidencian que las reservas en moneda extranjera en poder de las empresas o personas, además de proteger su valor, nos garantizan su disponibilidad, a diferencia de los ahorros en dólares que se tienen en el sistema financiero, que en la práctica están inmovilizados al no poderse disponer de ellos.
Al parecer estamos en vísperas de un “cepo cambiario” como el ocurrido en Argentina, donde se obliga a los exportadores a liquidar sus divisas en el sistema financiero, se restringe el acceso a los importadores y se prohíbe su venta a las personas particulares, salvo casos de extrema necesidad, previa solicitud y autorización en manos de burócratas corruptos. La experiencia demuestra que esta medida extrema no resuelve el problema, por el contrario lo acrecienta, al reducir el flujo de divisas por una natural y previsible caída de las exportaciones y por el efecto en las expectativas de las personas, quienes encuentran la forma de obtener divisas de especulares, lo cual aumenta la devaluación de la moneda y en consecuencia reduce el poder adquisitivo del salario en moneda local.
Claramente la solución no pasa por obligar a exportadores a liquidar sus divisas en el sistema financiero, sino por darles la seguridad de que sus dólares estarán disponibles sin mayor demora ni costos excesivos, para lo cual el Banco Central debe entregar mayor cantidad de divisas en los bancos, pagando lo que les debe (2.600 millones de dólares), reponiendo el descalce con fondos concursables en el FMI destinados a estabilizar la Balanza de Pagos, y por sobre todo no seguir gastando recursos en compras de plantas industriales estatales ni en comisiones subsidiadas a intermediarios en la importación de combustibles. En definitiva el problema no está en sus efectos, sino en las causas que se deben atacar de inmediato.
El problema del gobierno es que las compras públicas de combustibles, plantas industriales, servicios externos y los pagos del servicio de la deuda, más que duplican sus ventas de hidrocarburos y urea de YPFB y minerales de VINTO, por tanto no le alcanzan los dólares, y no habiendo más reservas internacionales de las cuales echar mano, ahora se quiere disponer de los dólares ajenos. De hecho, el déficit de la balanza comercial pública en el sector energético llego a los 853 millones de dólares el pasado año, esto es más del total del déficit comercial anual del país, siendo el sector exportador no tradicional el que redujo este déficit a 585 millones de dólares.
Una medida desesperada del gobierno como la que se plantea, resultará peor que su primer error de política cambiaria a inicios de 2023, cuando establecieron un tipo de cambio preferencial para el sector exportador por encima del establecido para la compra en el Bolsín del Banco Central, lo cual dio una primera alerta de la escasez de divisas ante la caída de las reservas internacionales. El resultado de esa medida fue inmediato, se estableció un tipo de cambio paralelo con una tasa que en poco más de un año nos ha significado una devaluación monetaria de más del 22%, siendo el tipo de cambio paralelo actual de 8,50 bolivianos por dólar estadounidense.
En definitiva, se debe aplicar lo que se pregona en un proyecto de Ley promovido por el Ministerio de Gobierno contra la delincuencia común, y que lleva por nombre “lo ajeno no se toca”, por lo que haciendo un parangón y salvando las diferencias, deberíamos advertir que los dólares de los exportadores son de los exportadores y por tanto no se deberían tocar. Es aplaudible la medida del diferencial cambiario al dólar exportador y la entrega automática del CEDEIM al ingreso del 100% de las divisas de la exportación, pero más importante es asegurar al exportador la disponibilidad de sus dólares y eliminar los costos de transacción en dólares como el ITF y comisiones.