Ecuador se encamina a una contienda electoral decisiva en medio de la conmoción provocada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, un crimen que ha dejado luto en un país gravemente amenazado por las mafias del narcotráfico.
La muerte de Villavicencio no es un hecho aislado; por el contrario, un día después de su deceso se registró un atentado contra la candidata a asambleísta Estefany Puente. En 2020 fue asesinado el dirigente Patricio Mendoza; en mayo de este año también fue atacado Luis Chonillo, alcalde de Durán, y hace algunas semanas también mataron al alcalde de Manta Agustín Intriago, considerado uno de los políticos ecuatorianos con mayor proyección.
¿Qué tienen estos hechos en común? Pues son acciones del crimen organizado que ha convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de la región; de hecho, en los últimos siete años se ha quintuplicado la tasa de muertes violentas en ese país.
Es más, una de las bandas más peligrosas salió a aclarar públicamente que no tiene vinculación con el último asesinato, pero sí es responsable de otros crímenes, sobre todo en las disputas de rutas para el tráfico de drogas y por el dominio de zonas territoriales.
Claramente, el Estado ecuatoriano ha perdido legitimidad y fuerza para combatir al crimen organizado, una pesadilla que recién comienza y que trae a la memoria lo vivido por Colombia cuando los cárteles de Medellín y Cali se enfrentaron a su propio país, asesinaron a políticos y periodistas, protagonizaron sangrientas disputas y corrompieron a políticos, fiscales, jueces y policías.
¿Por qué Ecuador? Porque al margen de una ubicación geográfica ventajosa las debilidades institucionales y la polarización política desviaron la atención sobre un tema tan importante y peligroso a la vez.
Geográficamente, Bolivia están a más de dos mil kilómetros de distancia, pero están cerca si se considera que el narcotráfico ha crecido significativamente en los últimos años. De hecho, el caso Marset ha enterrado definitivamente el viejo relato oficial de que en Bolivia no hay cárteles y sólo llegan emisarios de las organizaciones mafiosas.
Un capo del narcotráfico, buscado en Paraguay, Brasil y Uruguay, se asentó en Bolivia, obtuvo documentos, compró casas y autos de lujo, tuvo su propio equipo de futbol y cosechó algunas amistades. Para colmo de males, ha logrado engañar varias veces a las fuerzas policiales que hasta el momento han fracasado rotundamente en su búsqueda y captura.
Hace más de un año se produjo el asesinato de tres policías en Porongo, las familias de los efectivos fallecidos desistieron de los juicios a cambio de alguna compensación; el principal acusado, Misael Nallar, intenta por todos los medios salir de la cárcel y es posible que en algún momento logre su objetivo.
Toneladas de droga fabricada en Bolivia fueron detectadas en España, Alemania, Paraguay, Chile y Perú, y ante semejantes evidencias el gobierno de Luis Arce Catacora ha optado por respuestas y discursos políticos.
Nuestro país también vive envuelto en la polarización política, en el enfrentamiento del gobierno con las regiones, en los prematuros preparativos electorales, con un censo problemático en puertas y con una incierta elección judicial que, de todos modos, no resolverá la crisis que vive la justicia.
Las organizaciones criminales se asientan lentamente. Echan raíces donde ven que su negocio puede prosperar, donde pueden corromper a funcionarios públicos y comprar a la justicia. Y sí, Bolivia tiene todas las condiciones para convertirse en país preso de las mafias donde las balas se impongan sobre las palabras y donde los sicarios maten la esperanza de una sociedad que solo quiere vivir mejor, nada más.
Es necesario decirlo: Bolivia está en peligro inminente y ni el gobierno ni la sociedad en su conjunto pueden mirar a otro lado o hacer oídos sordos ante la amenaza.