La Gobernación de Santa Cruz notificó a los operadores de aseo de la ciudad y a la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) sobre las multas que han sido impuestas por problemas con la licencia ambiental, según informó María Julia Parada, directora del Servicio Departamental de Calidad Ambiental.
“La norma es específica, la sanción es del tres por mil por el monto de inversión”, remarcó Parada.
Explicó que los operadores que se encargan del servicio de aseo en la ciudad y del entierro sanitario incurrieron en faltas por trabajar sin licencia, por lo que fueron notificadas con multas. “Ellos se están adecuando y en su momento, para poder obtener su licencia, tendrán que pagar sus multas”, dijo.
Complementó que Emacruz también recibirá sanciones por haber realizado actividades que no estaban contempladas en su licencia. “Independientemente que Emacruz cuenta con licencia madre, los operadores deben tener su licencia ambiental y ahora están en la adecuación correspondiente”, señaló.
Emacruz también deberá actualizar su licencia ambiental del Complejo de Tratamiento de Residuos de San Miguel de Los Junos, porque se detectó que no cumple con dicha función. “Tenían un cronograma para implementar una planta de compostaje, una planta recicladora y viveros que no se han concretado. Por eso, hemos solicitado la actualización de la licencia ambiental”, indicó Parada.
Sobre el tema, la gerenta de Emacruz, Andrea Hoyos, ha explicado que cuentan con una licencia ambiental que está vigente hasta 2029 y que las empresas que se adjudicaron el servicio de aseo y de disposición final de residuos realizan sus operaciones bajo lineamientos de las licencias ambientales.
En su momento, Hoyos también reconoció que la autoridad ambiental competente es la Gobernación y es la que debe aplicar las multas.
La Gobernación ha realizado cinco inspecciones al vertedero en esta gestión administrativa. La última la hizo hace poco más de una semana, cuando acompañó al concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, que denunció traslado de lixiviados.
Informó que notificaron a Emacruz, porque hay medidas que contempló en la licencia ambiental y no ejecutó y otras realizó sin incluirlas. “A raíz de eso solicitamos la actualización de su licencia ambiental, tomando en cuenta que uno de los problemas es el tratamiento de sus lixiviados”, manifestó.
Señaló que este complejo estaba proyectado para 30 años, “pero no ha llegado ni a la mitad de su vida útil y ya está presentando problemas de operación con sus lixiviados, eso es un indicador de que algo está mal en el tratamiento”, remarcó Parada.
Explicó que la autorización que solicita Emacruz es para transportar lixiviados a Cooplan que hace tratamiento de aguas residuales, que es muy diferente. “Existe un antecedente de que la anterior gestión les dio permiso, porque no es la primera vez que tienen este problema”, recalcó.
Respecto a esta solicitud, la Gobernación la está analizando con los especialistas, porque son permisos especiales.
Sin embargo, el gerente de Operación de Emacruz, Ricardo Ovideo, descarta problemas con las lagunas, pero para prevenir rebalses señaló que están aplicando un plan de contingencia que contempla la construcción de una cuarta laguna que dará una holgura de diez meses y la solicitud de traslado de lixiviados a una planta externa, lo que se aplicaría solo en caso de ser necesario.
Explicó que con las tres lagunas que están operando tienen una capacidad para 80.000 m³ y que actualmente se está construyendo una nueva, con capacidad para 20.000 m³ más, lo cual dará una holgura de casi diez meses en condiciones climatológicas normales.
Recordó que en febrero de 2021 la Gobernación autorizó la salida de 30.000 m³, lo que sienta jurisprudencia en este asunto.
La mayoría tiene botaderos La basura es un problema recurrente en los municipios cruceños. La mayoría no realiza un tratamiento de los residuos que se genera en los domicilios y deposita la basura en botaderos a cielo abierto, donde los desperdicios quedan expuestos al aire libre. La normativa amplió el plazo hasta 2026 para que todos los basureros del país sean cerrados y reemplazados por rellenos sanitarios. Sin embargo, en Santa Cruz solo 11 de los 56 municipios han realizado algún tipo de gestión para la disposición final de residuos sólidos, especialmente para el cierre técnico de sus botaderos y licenciamiento de rellenos sanitarios. Esto significa que 45 no ha iniciado ninguna acción para un tratamiento adecuado de los residuos domiciliarios, que se siguen tirando en botaderos que no cuenta con ninguna medida de mitigación. Hasta la fecha solo Santa Cruz de Sierra cuenta con un relleno sanitario en funcionamiento, donde también deposita su basura Porongo, a través de un convenio. Si bien el municipio capitalino cuenta con licencia ambiental para un complejo de tratamiento de residuos sólidos, este sigue operando como vertedero. Según técnicos de la Gobernación, la diferencia está en que los botaderos son lugares que no cuentan con una ingeniería adecuada para el entierro de la basura y los rellenos sanitarios son lugares que cuentan con medidas adecuadas para el entierro sanitario y, además, cumplen con la normativa. Lo ideal es que los municipios tengan complejos de tratamiento de residuos, donde también se realice alguna actividad como recuperación de residuos, tratamiento orgánico, como compostaje o separación de residuos, para llevar a la cadena de reciclaje. Sin embargo, hasta ahora ningún municipio lo ha conseguido. Licencia ambiental Según datos de la Gobernación, en estos momentos, solo cinco municipios cuentan con licencia ambiental para sus sitios de disposición final y 51 operan sin licencia. Uno de ellos es Yapacaní, que tiene una licencia para el relleno sanitario, pero operan en condiciones de botadero. También está Santa Cruz de la Sierra, que cuenta con licencia para el complejo de tratamiento de residuos, pero opera como vertedero. Además, está Porongo, que cuenta con licencia para cierre de su botadero, pero traslada su basura hasta San Miguel de Los Junos; al igual que La Guardia, que cuenta con licencia para cierre del botadero y para el proyecto de su complejo de tratamiento de residuos sólidos, pero sigue depositando sus residuos en un botadero. Okinawa es otro de los municipios que cuenta con licencia integral de residuos sólidos, aunque se hicieron observaciones a sus monitoreos ambientales. La Guardia cuenta con un proyecto para un complejo, pero no lo ha ejecutado. El municipio de Warnes tiene en funcionamiento un botadero controlado de diez hectáreas, el mismo que se encuentra en etapa de cierre y tiene un nuevo proyecto para construir un relleno sanitario. “Hemos seguido varias de las recomendaciones que nos ha emitidito la Gobernación”, dijo la secretaria municipal de Medio Ambiente y Planificación, Vivian Mariscal. Recordó que este espacio funcionó durante muchos años a cielo abierto, pero comenzaron a hacer un manejo controlado. “Se termina una celda o cuadricula y se la sella con arcilla”, explicó. Los requisitos que les han solicitado del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para entrar al bolsón de proyectos para el nuevo relleno sanitario son: tener un terreno propio con el derecho propietario saneado y contar con un proyecto y licencia ambiental, otorgada por el Gobierno Departamental de Santa Cruz. En ese municipio el 60 por ciento de la basura que se genera en los domicilios es orgánica y la Alcaldía recoge 100 toneladas al día. Montero también tiene un botadero controlado que se encuentra a 10 kilómetros del área urbana. Este espacio es de 20 hectáreas y tiene el 50 por ciento de su capacidad ocupada por cuatro fosas sanitarias, cada una con una superficie de 100 metros cuadrados. El responsable del Tratamiento Final de Residuos, Pedro Ramos, informó que las fosas 1 y 2 se encuentran cerradas, la 3 está a punto de hacerlo, mientras que la fosa 4 está en funcionamiento. Añadió que también se cuentan con dos fosas para los lixiviados, cada una con capacidad para 35.000 litros. En estas fosas, según Ramos, se realiza el tratamiento a los residuos. “Es un círculo, primero se le hace un proceso de aireación, luego le agregamos cal y después, cuando hay periodos soleados, hacemos la recirculación en las fosas que están en funcionamiento”, explicó. Reconoció que este botadero no cuenta con licencia ambiental, pero está en proceso de tramitación. “El año pasado ejecutamos un estudio de plan de cierre y saneamiento ambiental, por eso creo que en mayo tendremos la aprobación de la licencia”, añadió. Montero tiene siete camiones compactadores y recolectores de residuos, dos volquetas adicionales y otros dos camiones más pequeños que recogen la basura en el municipio. La ciudad montereña genera 100 toneladas diarias de residuos. En Porongo, desde el Gobierno Municipal, indicaron que actualmente no cuentan con un vertedero municipal, pero se tiene planificado invertir en un nuevo relleno sanitario. Cuentan con un convenio con el municipio capitalino para trasladar la basura hasta San Miguel de Los Junos. En Pailón, la basura se sigue depositando en un botadero a cielo abierto, donde los recicladores recolectan el material reutilizable. La responsable de la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía, Nadir Arias, indicó que trabajan en propuestas de mejoramiento del recojo y el tratamiento de los residuos en un nuevo vertedero con las condiciones medioambientales que se exigen.