En medio de una creciente preocupación por el futuro del sistema de pensiones en Bolivia, el especialista en seguridad social, David Villarreal, lanzó duras críticas contra la Gestora Pública, la entidad estatal que administra los fondos de jubilación desde hace más de dos años. “La Gestora se ha convertido en la gran caja chica del Estado”, advirtió en entrevista con el programa Dinero 360, de EL DEBER Radio al cuestionar el bajo rendimiento de las inversiones, la falta de transparencia en los datos y la inexistencia de un directorio que fiscalice sus decisiones.
El punto de partida de estas observaciones es el anuncio de la Gestora en su reciente informe público, donde reveló que el rendimiento de los aportes de los trabajadores llegó al 4,26% anual, un dato que, lejos de tranquilizar, enciende las alarmas.
“Es insuficiente”, cuestionó Villarreal, recordando que la Ley de Pensiones establece una tasa de interés técnico del 5% como referencia para el cálculo de las jubilaciones. Es decir, si las inversiones no alcanzan ese porcentaje, los montos de las pensiones no solo no suben, sino que se deterioran con el tiempo.
Uno de los aspectos más graves señalados por Villarreal es que la Gestora opera sin un directorio conformado, a pesar de que la ley lo exige. “Debería haber al menos cinco directores, designados por concurso de méritos y aprobados por el Ejecutivo. Sin ellos, no hay quien fiscalice ni apruebe las decisiones de inversión. Eso es ilegal”, sostuvo. Además, denunció que la información pública sobre la evolución de los fondos se encuentra desactualizada. “En la web de la APS solo hay datos hasta marzo de 2023. Antes uno podía consultar mes a mes, incluso día por día. Hoy eso se ha perdido”, explicó. Para Villarreal, esta falta de transparencia mina aún más la confianza ciudadana en el sistema. La transición fallida y arbitraje internacional La Gestora asumió el control total del sistema el 15 de mayo de 2023, luego de una transición marcada por demoras, errores en las acreditaciones y trabas en los trámites. “No fue un proceso ordenado. Fue apresurado, y eso generó retrasos para miles de personas que no podían iniciar su jubilación”, señaló. Y como si fuera poco, el Estado boliviano enfrentó un arbitraje internacional tras negarse a pagar 15 millones de dólares por el software ofrecido por una de las AFP salientes. “Rechazaron esa solución amistosa y terminaron pagando más de 100 millones en compensación. Sin software”, dijo Villarreal.
Rentabilidad en caída
Villarreal recordó que, cuando se promulgó la Ley 065 en 2010, las AFP alcanzaban rentabilidades de hasta el 8%. Desde entonces, y especialmente tras la creación de la Gestora, los rendimientos han venido en descenso. “Este año no habrá incremento para las personas que reciben pensión bajo la modalidad de saldo acumulado, porque la rentabilidad está por debajo del 5%”, explicó.
Pero el problema va más allá hoy algunas personas que tenían ingresos de 10.000 bolivianos terminan recibiendo entre el 30% y el 40% de ese monto, en su jubilación, lo que obliga a muchos a seguir trabajando incluso en edad avanzada. “Esto refleja un sistema que no está cumpliendo su función básica: garantizar un retiro digno”, sentenció.
Inversiones cómodas y sin diversificación
El especialista fue directo al señalar la falta de gestión activa de la Gestora porque “se han limitado a hacer el mínimo esfuerzo”. “Invierten en bonos del Tesoro General del Estado (TGN), del Banco Central y depósitos en bancos, pero no hay estrategia para buscar mejores rendimientos en mercados internacionales”, lamentó.
“La ley, además, contiene un artículo problemático: el 142, que permite inversiones sin límite en bonos del BCB y del TGN, lo que favorece el uso de los fondos previsionales como financiamiento del déficit fiscal”, advirtió.
Para cerrar, el especialista sostuvo que el sistema de pensiones está en riesgo si no se adoptan reformas urgentes. “No hay que alegrarse por un 4% de rentabilidad cuando la ley exige al menos un 5%. Sin mejoras en la gestión, sin diversificación, sin control ni transparencia, nuestros aportes seguirán perdiendo valor. Y el Estado seguirá usando el fondo como caja chica”, advirtió.