Después de que el Gobierno anunciara la reversión de tierras de la empresa Agropecuaria Laguna Corazón S.A, la compañía denunció que hace más de dos décadas el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) viene postergando el saneamiento de sus tierras. La empresa asegura también que el anuncio estatal vulnera su derecho propietario, porque aún hay pronunciamientos pendientes de la justicia en torno a estos terrenos.
La anterior semana el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, indicó que 33.000 hectáreas de esta empresa perteneciente a la familia de Branko Marinkovic, pasarán a manos del Estado.
En su explicación la autoridad señaló que la tierra fue saneada de manera ilegal en 2020, cuando Marinkovic fue ministro del Gobierno de transición de la expresidenta Jeanine Áñez.
Guerrero sostuvo que el Tribunal Agroambiental tomó esa determinación al observar irregularidades en este proceso, al encontrar favorecimiento a la exautoridad de Gobierno.
La Fundación Tierra denunció que el 29 de octubre de 2020, el INRA emitió el Título Ejecutorial Individual MPENAL000 6144 a favor de la Empresa.
“Existieron procedimientos que se pasaron por alto, como la notificación por Edicto de Prensa” de la cancelación de partidas anuladas, la “Notificación de la resolución a la ABT, que debió hacerse debido a la sobreposición a la Reserva Guarayos y, sobre todo, se incumplió el plazo de 30 días para posibles impugnaciones”, observó la organización.
El abogado de esta compañía, Richard Méndez, explicó que no ha recibido ninguna notificación el Tribunal Agroambiental. Y aclaró que no existe una reversión sino un recorte hasta 5.000 hectáreas en el predio Tierras Bajas del Norte. “Laguna Corazón no conocemos la resolución final de saneamiento del INRA. Entonces no sabemos si hubo recorte o reconocieron la superficie total del predio”, explicó. El jurista sostuvo que el Gobierno procedió a realizar este recorte argumentando que de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE) nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Sin embargo, explicó que la norma no es retroactiva dado que los propietarios adquirieron de terceros los terrenos, antes de la aprobación de la Carta Magna. “La Constitución actual se aprobó en 2009, y estos predios están vigentes desde 1991. La empresa los compró en 2004, cinco años antes de la aprobación de la nueva Constitución”, dijo. En esa línea, sostuvo que otro de los argumentos usados por el Estado para tomar posesión del predio Laguna Corazón es que se encuentra en la reserva Forestal de Guarayos, creada en 1969. No obstante, según Méndez, el derecho propietario más antiguo de estos terrenos data de 1968, un año antes de crearse esta área. Méndez, aclaró que la empresa adquirió los dos predios de particulares y no del Estado. “Inclusive Tierras Baja del Norte se adquirió vía sistema bancario. En el caso de Laguna Corazón, fueron adquiriendo de a poco los terrenos y es el resultado de la fusión de seis predios”, señaló. Gobierno dotará predios El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles informó la anterior semana que tras la reversión de los predios se procederá a dotar la tierra a pequeños productores en el marco a lo que establece la Constitución Política del Estado. Sin embargo, Méndez, reiteró que la compañía hará respetar su derecho sobre los predios ejecutando las acciones penales contra los que atenten contra sus intereses