El investigador en temas agrarios Gonzalo Colque consideró que la reciente promulgación de la ley que permite la conversión de predios pequeños a medianos visibiliza un problema de fondo en el sistema agrario boliviano: la vigencia de una clasificación de la propiedad rural que data de hace más de siete décadas.
Según explicó, el principal aspecto positivo de la norma es que coloca en la agenda pública la necesidad de actualizar los criterios con los que se clasifican los tipos de propiedad agraria en Bolivia. De acuerdo con Colque, el país todavía utiliza parámetros establecidos en la Reforma Agraria de 1953, que definieron tamaños de predios, obligaciones y derechos de los propietarios rurales.
“El sistema actual es bastante antiguo y no refleja la realidad productiva ni las necesidades actuales, como el acceso a crédito, el uso del suelo o las condiciones de producción”, explicó.
Sin embargo, el analista sostuvo que la nueva ley no resuelve ese problema estructural, ya que no redefine la clasificación agraria existente.
En su criterio, la norma más bien establece un mecanismo extraordinario que permite la conversión voluntaria de predios, lo que podría generar desorden en los procedimientos agrarios.
Colque indicó que, desde un punto de vista técnico, la ley funciona como un “puente” que permite a los propietarios cambiar la categoría de sus tierras sin una revisión integral del régimen agrario. “No estamos frente a una reclasificación del sistema de propiedad, sino ante un mecanismo que permite que cada propietario se autodeclare en una nueva categoría”, señaló.
El experto también mencionó posibles efectos en el mercado de tierras. Según explicó, la norma podría facilitar la transferencia de algunos predios que actualmente cuentan con títulos agrarios, lo que permitiría que parte de estas propiedades ingresen al mercado formal.
Otro aspecto que, según Colque, genera preocupación es la situación de propiedades que fueron fraccionadas artificialmente en el pasado para ser registradas como pequeñas propiedades. A su juicio, la nueva ley podría permitir que esos predios se reconviertan a su tamaño original, lo que en algunos casos implicaría regularizar situaciones que anteriormente habrían incumplido la normativa.
Frente a este escenario, el analista consideró que la aplicación de la ley debería tener un carácter limitado y excepcional, con condiciones claras sobre su alcance y duración.
A largo plazo, sostuvo que el país necesita una reforma más amplia del régimen agrario que redefina la clasificación de la propiedad rural con criterios técnicos actualizados. “Más que una norma puntual, lo que se requiere es un cambio estructural que establezca nuevas categorías de propiedad y reglas claras para el uso del suelo”, afirmó.
La norma recientemente promulgada ha abierto un debate entre especialistas, productores y organizaciones vinculadas al sector agrario sobre sus posibles impactos en la estructura de la propiedad rural y en el ordenamiento territorial del país.