El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, instaló este lunes la primera sesión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de la gestión 2026 y aseguró que su reactivación pone fin a más de 20 años de “anulación y sabotaje” del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la administración y control de tierras fiscales en el departamento.
Durante el acto, Camacho sostuvo que la instalación de la CAD constituye “la primera victoria” para cerrar un ciclo de corrupción y extorsión y dar paso a una nueva etapa de legalidad, seguridad jurídica y prosperidad. Según la autoridad, el centralismo del Gobierno nacional despojó al departamento de la facultad de planificar y fiscalizar la dotación y adjudicación de tierras.
El gobernador denunció que, bajo la figura de la avocación, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) retiró a Santa Cruz la competencia sobre los procesos de saneamiento y distribución de tierras fiscales, trasladando esas decisiones a La Paz. Afirmó que este esquema obligó a personas que necesitaban tierras para producir a integrarse forzosamente a comunidades y someterse a dirigentes, bajo amenazas de expulsión.
Camacho aseguró que, en dos décadas, el Gobierno del MAS entregó millones de hectáreas de tierras fiscales que —según dijo— derivaron en tráfico de tierras, extorsión y corrupción, mientras se afectaba al modelo productivo cruceño, responsable de la producción de alimentos estratégicos como arroz, carne, maíz, soya, sorgo y aceite para el país.
En ese marco, atribuyó el incremento de avasallamientos a la “protección y complicidad” de instituciones estatales encargadas de garantizar la seguridad jurídica de la propiedad, y acusó a funcionarios públicos de someterse a grupos delincuenciales que extorsionaron a productores agropecuarios.
El gobernador también denunció que el Gobierno central anuló de forma ilegal a la Comisión Agraria Departamental y convirtió al INRA en una instancia “política”, al tiempo que promovió un discurso de confrontación en el acceso a la tierra y permitió el desplazamiento violento de comunidades indígenas.
Camacho anunció que la Comisión Agraria Departamental exigirá y revisará información del INRA y asumirá decisiones orientadas a eliminar los avasallamientos, la extorsión y el tráfico de tierras fiscales, además de planificar una distribución “justa, ordenada y transparente” de la tierra en Santa Cruz.