Antonio Siñani, dirigente gremial de la ciudad de El Alto, rechazó el artículo 7 del Decreto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el cual, según él, atenta contra los derechos de los comerciantes y la economía popular en Bolivia. En conferencia de prensa en La Paz, Siñani acusó al Gobierno central de no atender las observaciones realizadas por los gremiales y de actuar de manera "incapaz frente a las demandas ciudadanas.
Hemos advertido al presidente Luis Arce Catacora para que elimine el artículo 7 del decreto, que permite confiscar y decomisar mercaderías no solo a los gremiales, sino también a toda la población. Esto afecta directamente a quienes llevan productos como fideo, azúcar y aceite a las provincias, declaró.
Asimismo, denunció que las autoridades no han dado respuesta efectiva pese a las cartas enviadas a la Cámara de Diputados y a la comisión correspondiente.
Este artículo es rechazado por 13 cámaras del sector empresarial de Bolivia, que anunciaron que no participarán en su proceso de reglamentación y han advertido sobre el riesgo de una severa crisis que podría agravar la inflación y fomentar la especulación de precios en los productos.
El objetivo de esta normativa es garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales. Para ello, se faculta a las entidades competentes a implementar medidas de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a aquellos actores del comercio de alimentos que acumulen, retengan o intenten incrementar de manera injustificada los precios.
Asimismo, todos los actores involucrados en la cadena productiva de alimentos esenciales están obligados a declarar información sobre producción, transformación y comercialización. Esta información tendrá carácter de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad.
Los gremiales no estamos desunidos ni quebrados. Vamos a demostrar nuestra unidad a nivel nacional, enfatizó Siñani.
Estado de emergencia y unidad gremial
El dirigente informó que los gremiales se encuentran en estado de emergencia y han realizado un ampliado en la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) en El Alto. En dicha reunión, participaron diversas organizaciones, incluidas asociaciones de deudores de créditos bancarios, que también expresaron su preocupación por la situación económica del país.
“Le hemos dado plazo al gobierno hasta el 13 de enero para que retire este artículo. De no hacerlo, el pueblo boliviano podría iniciar un paro movilizado indefinido”, advirtió.
En ese contexto, anunció un ampliado nacional liderado por la Confederación de Gremiales de Bolivia, presidida por Jesús Cahuana, para coordinar acciones conjuntas.
Críticas al viceministro Silva
Siñani respondió con dureza a las declaraciones del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, quien aseguró que la disposición no afecta a los gremiales.
“Señor Silva, no seas mentiroso. Claro que nos van a quitar la mercadería cuando estemos llevando productos a las provincias. No entiendes la realidad del pueblo boliviano, que está sufriendo hambre y una crisis verdadera”, expresó el dirigente.
También exigió al gobierno transparencia y documentos oficiales que respalden las afirmaciones de que los gremiales no serán afectados. ¿Por qué no muestran los documentos? ¿Qué miedo tienen?, cuestionó.