La llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder significó un viraje profundo en la política exterior boliviana, marcado por el distanciamiento de países con economías más abiertas y un acercamiento a China. Durante casi dos décadas, el oficialismo instaló la narrativa de que el gigante asiático sería el “socio estratégico” capaz de garantizar una etapa de desarrollo mediante millonarios créditos para carreteras, represas, plantas de energía y otras obras de gran escala.
Sin embargo, la distancia entre el relato político y los resultados efectivos es amplia. EL DEBER accedió en exclusiva a una reciente investigación que realizó la Fundación Andrés Bello sobre las adjudicaciones de obras de infraestructura a empresas estatales chinas.
“En Bolivia esta presencia es particularmente significativa. Muchos proyectos chinos se han implementado sin suficiente escrutinio público, en acuerdos de gobierno a gobierno, sin procesos de licitación y con escasa intervención de entes reguladores. Esto abre la puerta a opacidad, sobrecostos y corrupción. Por eso creemos fundamental una veeduría ciudadana que permita entender los beneficios, pero también los riesgos, de esta relación, y así aprovecharla de manera más estratégica y transparente”, dijo Parsifal D’Sola, director de la Fundación Andrés Bello.
La investigación revela que, entre 2011 y 2023, la presencia de empresas chinas en proyectos de infraestructura en Bolivia ha sido limitada: apenas dos iniciativas se encuentran activas y una se mantiene paralizada, representando solo el 7,1% del total de proyectos.
Montos de los proyectos En el periodo analizado, Bolivia canalizó $us 3.384 millones a proyectos de infraestructura ejecutados por holdings chinos. Pero descontando el paralizado proyecto Rositas, el monto adjudicado a empresas del gigante asiático llega a $us 2.384 millones en 28 proyectos de infraestructura. Según los registros oficiales, el Estado figura como principal financiador, con 22 proyectos y un desembolso de $us 1.172 millones, lo que representa el 35% del total. En segundo lugar, se ubica el Eximbank, que destinó $us 1.085 millones (32%) a dos proyectos estratégicos en el país. La institución, es considerada el brazo financiero de la expansión china, concentra casi la misma magnitud de recursos que el propio Estado boliviano. Otros financiadores internacionales con montos mucho menores son: el Banco Mundial (BIRF), que aportó $us 123,8 millones (4%), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $us 104,3 millones (3%) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), 218,5 millones (6%). Asimismo, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Internacional de Fomento financiaron un proyecto cada uno, con montos equivalentes al 2% y 1% del total. Pero quizás el dato más preocupante es que un 18% de los proyectos no tiene información clara sobre su financiamiento, entre ellos la planta siderúrgica del Mutún, a cargo de Sinosteel. Los números muestran que Santa Cruz y Cochabamba concentran más del 78% del total invertido en obras. Casi la mitad de los recursos se destinó a proyectos de energía ($us 1.407 millones, 41,6%), como represas e hidroeléctricas, mientras que el transporte absorbió otro 40,3% ($us 1.363 millones), en carreteras. La siderurgia, con $us 546 millones (16,1%), aparece como el tercer gran destino, mientras que la minería e industria sumaron apenas el 2%. En otras palabras, ocho de cada diez dólares de la relación con empresas chinas se concentraron en carreteras e hidroeléctricas. Principales holdings chinos Entre las compañías con mayor presencia son Power Construction Corporation of China (PowerChina) y Shenzhen Vistcar Imp. & Exp. Co. Ltd., cada una con nueve proyectos adjudicados, lo que equivale al 62% del total. No obstante, mientras PowerChina concentra $us 1.154 millones en inversiones, Shenzhen lo hace con 103 millones. En tercer lugar se ubica State Shipbuilding Corporation Limited, con cinco proyectos por $us 293 millones; seguida de la China Three Gorges Corporation (CTG), que, aunque solo tiene tres obras adjudicadas, acumula una inversión de $us 1.081 millones, situándose como la segunda con mayor volumen de capital. Cierran la lista la China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), con dos proyectos por $us 205,9 millones, y la Sinosteel Corporation, con un único contrato que, sin embargo, asciende a $us 546 millones. Pero varias de estas empresas enfrentaron diferentes denuncias. La empresa Sinohydro, filial de PowerChina, acumula denuncias desde 2013 por daños ambientales, conflictos laborales y fallas en sus obras. Las críticas son de organizaciones ecologistas, autoridades locales y entidades públicas, y en 2023 fue mencionada en un informe del Comité de la ONU (CESCR), que pidió a las firmas chinas rendir cuentas por violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. Otro informe, esta vez de la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) deja al descubierto 460 denuncias entre 2015 y 2019. El estudio revela un patrón de vulneraciones de derechos laborales y ambientales en proyectos de infraestructura clave. Un reporte de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) revela que entre 2012 y 2022, el 77,5% de contratos de obras públicas favorece a empresas extranjeras. En especial de Europa y Asia, lo que se constituye en una fuerte competencia para las firmas nacionales relegadas en las adjudicaciones. Un hecho que generó bastante polémica fue la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparaez a una compañía china en 2022, por un valor de $us 94.2 millones, lo que para Caboco debilita al sector. Según el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), el Decreto Supremo 2574, del 31 de octubre de 2015, establece procedimientos y privilegios extraordinarios para las empresas chinas en el país. El expresidente de la Cámara de Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Rolando Schrupp, señaló que el hecho de que las empresas chinas incluso se adjudiquen proyectos que no reciben crédito de su país “genera una distorsión en la competencia porque imponen requisitos imposibles para las empresas locales”. “Por ejemplo, solicitando experiencia que ninguna compañía boliviana puede demostrar, o garantías financieras que resultan inalcanzables”, dijo. Para el reportaje se envió un cuestionario al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y a la Embajada de China, en nuestro país, pero hasta el cierre de edición, las solicitudes no fueron atendidas. La gran paradoja es que, mientras el Gobierno sigue presentando a Beijing como el socio indispensable, los datos muestran que Bolivia termina cargando con la deuda, los riesgos y los conflictos sociales que dejan estas obras. Mayor inversión. El año con mayor peso específico es 2019, con $us760,9 millones de dólares en cuatro proyectos, lo que representa el 22,49% del total. También destaca 2017, con cinco iniciativas que sumaron $us 80,3 millones (11,24%). En contraste, 2012 apenas alcanzó los $us 7,3 millones, con dos proyectos que no superaron el $us 0,3% del total. Brazo operativo. El Eximbank de China es un Banco estatal creado en 1994 para financiar proyectos de infraestructura y exportaciones. Es el principal brazo financiero de la diplomacia china en América Latina y África. En 2015 el entonces vicepresidente Álvaro García Linera anunció un crédito chino de más de $us 7.000 millones con este banco. El monto de los 29 proyectos adjudicados asciende a $us 3.384 millones. De esta cantidad, el 49,69% fue adjudicado mediante licitación pública (equivalente a $us 1.681 millones), mientras que el 47,59% se entregó por contratación directa ($us 1.610 millones). En esta modalidad de contratación se identificaron tres contratos licitados públicamente, pero se les aplicó la modalidad “Llave en mano”. Un experto en Contrataciones Estatales y que se desempeña en la función pública, quien pidió la reserva de su identidad, explicó que las características principales de este tipo de contratos son que la entidad del Estado otorga a la contratista el diseño, la ejecución y la puesta en marcha de la obra. En otras palabras, a la conclusión del trabajo le entrega la llave. En cuanto a la opacidad en la información, de los 29 contratos analizados, el 50% presentó tres tipos de problemas: inaccesibilidad a la documentación alojada en el sitio web del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes); documentos con información incompleta y datos incongruentes.
El proyecto siderúrgico del Mutún cuenta con un financiamiento de $us 500 millones, mediante un crédito de China hacia el Estado boliviano
PARA SABER
Licitación pública y contratación directa: las más elegidas
Del total de los proyectos analizados, el 47,59% se entregó por contratación directa a firmas chinas
El análisis de los contratos estatales con empresas chinas pone de manifiesto que, si bien la mayoría -19 de los 29 analizados para este reportaje- fueron adjudicados mediante licitación pública; el monto económico no dista mucho de los contratos que fueron adjudicados por contratación directa, pese a que en este rubro son seis.