El Gobierno central no está dando seguridad jurídica a las empresas constructoras al dilatar la promulgación de un decreto supremo para el ajuste de precios de materiales, afirmó el vicepresidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), Rolando Surriable.
Según el empresario, hace casi dos meses debía ponerse en vigencia esta normativa y no se entiende por qué las autoridades gubernamentales alargan el tiempo para su aprobación.
"El gobierno no está dando seguridad jurídica a las empresas constructoras del país y si no se aprueba el Decreto va ser trágico para el sector porque se paralizarán todas las obras, aunque algunas en otros departamentos están paralizadas, y la resolución de los contratos", advirtió.
El sector exige la vigencia del decreto supremo de nivelación de precios de los materiales de construcción para la continuidad de los proyectos y evitar la paralización de las obras licitadas por el gobierno y las entidades subnacionales.
Surriable dijo que en las actuales condiciones hace inviable cumplir con los contratos firmados o presentarse a las adjudicaciones de proyectos.
A su criterio, el gobierno central no entiende que el sector de la construcción genera empleos directos e indirectos, además de mover la economía.
Empresarios del sector coincidieron que el decreto debía promulgarse en febrero y siguen esperando que el gobierno central lo haga porque hay cientos de constructoras que enfrentan una situación económica crítica.
Cada obra que se paraliza significa menos empleo, menor inversión pública y mayor deterioro de la infraestructura que se construye.
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) informó que el sector persiste con el estado de emergencia a causa del encarecimiento de al menos seis insumos para la construcción y deudas de las entidades subnacionales que superan los Bs 1.000 millones con las empresas.