Desde este martes, 27 de enero, se pusieron en marcha los operativos contra los avasallamientos de tierras en el departamento de Santa Cruz, luego de que la Gobernación y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) confirmara la existencia de al menos 300 predios tomados ilegalmente y con órdenes judiciales de desalojo que deben ejecutarse de manera inmediata.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, encabeza la comitiva que partió hacia la propiedad Las Londras, y aseguró que el plan responde a un compromiso asumido con el Gobierno central y a la necesidad de hacer cumplir la ley.
“Estamos honrando esa palabra de hacer lo que la ley manda y hacer también cumplir las órdenes judiciales de desalojo que hay en los distintos predios del departamento”, afirmó la autoridad, al confirmar que los operativos fueron coordinados con la Policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios de Gobierno y de Defensa.
Según explicó, el plan cuenta con una estrategia definida en términos de tiempos, logística y despliegue de efectivos. “Empezamos hoy día a llevar adelante este plan, con un diseño estratégico que ha hecho la Policía y el Ejército, bien programado para poder sacar a la gente y hacer cumplir lo comprometido”, sostuvo.
Camacho confirmó que “Son 300 predios con órdenes judiciales de desalojo que hay que ejecutar de forma inmediata. En eso vamos a trabajar”, y señaló que la presencia del INRA permitirá consolidar la información y avanzar con mayor precisión en los procesos legales.
El gobernador cruceño también lanzó duras acusaciones contra exautoridades del INRA, a quienes responsabilizó por la proliferación de los avasallamientos en el departamento. “Hay delitos por quienes fueron directores del INRA durante 20 años y fueron cómplices de esto; llevaron adelante todo lo que es el avasallamiento en forma coordinada”, denunció.
El gobernador aseguró que las autoridades tienen identificada la estructura de los grupos que ocupan tierras de manera ilegal y advirtió que se trata de organizaciones que actúan de forma violenta. “Tenemos una estructura clara de quiénes están a la cabeza y cómo se manejan estos grupos, que sabemos que están armados, que dañaron a la prensa y a la Policía”, afirmó.
En ese contexto, sostuvo que el Estado debe actuar con firmeza para restablecer el principio de autoridad. “Es momento de sentarle la mano, porque la ley se tiene que cumplir”, enfatizó.
Los operativos, que continuarán en los próximos días, se desarrollan en medio de una creciente preocupación del sector productivo y de propietarios de tierras, que desde hace meses denuncian la toma ilegal de predios y la falta de acciones efectivas. Desde la Gobernación adelantaron que se informará de manera progresiva sobre los avances del plan y la ejecución de las órdenes judiciales en las distintas provincias del departamento.
Símbolo de impunidad
El conflicto en Las Londras arrastra antecedentes graves desde octubre de 2021, cuando un grupo armado de avasalladores tomó como rehenes a policías, trabajadores rurales y periodistas que habían ingresado a la zona para verificar denuncias de ocupación ilegal de tierras. En ese hecho, los comunicadores fueron golpeados, amenazados y obligados a permanecer retenidos durante varias horas, en un caso que generó indignación nacional y puso en evidencia el nivel de violencia con el que operan estos grupos.
Pese a la apertura de procesos judiciales y a los compromisos asumidos por el Estado para identificar y sancionar a los responsables, el conflicto no fue resuelto de fondo y los avasallamientos continuaron en la zona y en otras regiones del departamento. Las Londras se convirtió así en un símbolo de la impunidad frente a la toma ilegal de tierras y en uno de los puntos críticos que hoy motivan el despliegue de los operativos para ejecutar las órdenes de desalojo pendientes.