Por: Daniela Revollo
Santa Cruz fue el centro del debate internacional de los bonos de carbono y su impacto en un sistema de producción sostenible. El tema fue abordado durante la Conferencia Internacional sobre Bonos de Carbono y Conservación de Bosques, evento que reunió a expertos legales, técnicos, financieros y empresarios para analizar uno de los temas más urgentes y estratégicos en la lucha contra el cambio climático: la implementación y regulación de los mercados de carbono en América Latina.
Guillermo Jover, representante de Ferrere Paraguay, explicó que los bonos de carbono son certificados que representan la reducción o eliminación de una tonelada de dióxido de carbono u otros gases de efecto invernadero de la atmósfera.
Estos bonos se han convertido en un mecanismo financiero clave para canalizar recursos hacia proyectos que evitan emisiones, protegen bosques o capturan carbono de forma activa. Existen dos tipos de mercados para estos bonos: el mercado regulado, impulsado por compromisos internacionales como el Acuerdo de París, y el mercado voluntario, donde empresas u organizaciones adquieren bonos para compensar sus propias emisiones sin obligación legal, detalló Jover.
Hizo notar que, en ambos mercados, el desarrollo de un proyecto requiere múltiples etapas: diseño, validación, certificación, registro, venta y finalmente compensación. En el mercado voluntario, estas operaciones suelen realizarse al margen de la regulación gubernamental, bajo estándares internacionales como Verra, Gold Standard, ACR o CAR, y con la participación de certificadoras independientes. Los proyectos elegibles pueden incluir desde el manejo sostenible de tierras agrícolas y forestales, hasta prácticas como el uso de biochar, la suplementación ganadera o la regeneración de pasturas.
Desde la perspectiva legal, Paraguay y Uruguay presentan enfoques distintos. Mientras Uruguay aún no cuenta con una regulación específica, Paraguay ha avanzado con la Ley 7190/2023, que establece el régimen de propiedad, registro y transferencia de créditos de carbono generados por proyectos de mitigación. En Paraguay, los créditos pertenecen al titular del proyecto y se registran oficialmente en el Ministerio del Ambiente (Mades), lo que ha otorgado mayor seguridad jurídica y confianza a inversionistas y desarrolladores. Según Jover, las claves del éxito en su país han sido la claridad normativa, el respeto a la propiedad privada y el uso de procedimientos razonables, sin intentar crear marcos nuevos desde cero.
En contraste, Diego Tamayo, de Ferrere Bolivia, presentó el complejo panorama normativo de Bolivia. Recordó que en 2012 la Ley 300 prohibía la mercantilización de funciones ambientales, incluyendo los mecanismos de financiamiento vinculados a los mercados de carbono. Sin embargo, en 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 40/2024, declaró inconstitucional esta prohibición al considerar que limitaba derechos fundamentales como el acceso al medio ambiente y la libertad de empresa.
Desde entonces, Bolivia ha empezado a construir un nuevo marco normativo para habilitar estos mercados. El Decreto Supremo 5264 de 2024 establece lineamientos generales para el financiamiento climático, y recientemente el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la Resolución Ministerial (RM) 66/2025 que crea el Registro Nacional de Programas y Proyectos (RENAPP), obligatorio para todas las Unidades de Reducción de Emisiones (URE). Paralelamente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió la RM 76/2025, que centraliza la negociación de bonos de carbono y obliga a canalizar los pagos a través del Banco Central de Bolivia, con un costo administrativo por la gestión. Tamayo advirtió que si bien las oportunidades en Bolivia son grandes —como la reciente habilitación legal, la alta demanda internacional y la vasta extensión de tierras con potencial— también existen riesgos considerables relacionados con la centralización estatal excesiva y la ausencia de una reglamentación operativa clara.
Desde una mirada más técnica y práctica, Roberto Cornejo de Earthshot Labs, con sede en Estados Unidos, compartió su experiencia en el desarrollo de proyectos de carbono forestal. Earthshot Labs es una plataforma tecnológica que opera en más de 30 países y ha canalizado más de 65 millones de dólares hacia proyectos ambientales. Según Cornejo, un proyecto de carbono forestal pasa por tres etapas: planificación, implementación y certificación. Durante la planificación, que puede durar entre dos y seis meses, se analiza la viabilidad técnica, legal, económica y social del proyecto. Esto incluye determinar la elegibilidad del área, la tenencia de la tierra, los derechos sobre los créditos de carbono, la aceptación por parte de las comunidades locales, la capacidad operativa del desarrollador y el potencial de generación de créditos. El diseño del proyecto puede tardar entre seis meses y un año e involucra la definición de los cobeneficios sociales y ambientales, las estructuras de gobernanza y el estándar de certificación a utilizar. En la etapa de certificación, se valida el proyecto mediante auditorías independientes, se registra oficialmente y, una vez verificado su impacto, se emiten los créditos de carbono correspondientes. Estos se distribuyen según los acuerdos entre desarrolladores, inversionistas y comunidades.
Tanja Goodwin, representante del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, abordó los instrumentos de financiación climática desde una perspectiva más macroeconómica. Señaló que uno de los principales desafíos en la región es la falta de incentivos para “descarbonizar” la economía, así como la baja participación del sector privado en inversiones climáticas. Para enfrentar estos retos, el Banco Mundial promueve una combinación de instrumentos como bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza, seguros climáticos, reformas fiscales, taxonomías verdes y etiquetado presupuestario. La meta es construir sistemas económicos y financieros resilientes al cambio climático, que permitan una transición ordenada hacia una economía baja en carbono y una mayor adaptación frente a riesgos climáticos.
Caso de innovación
Uno de los casos más destacados fue el de Exomad Green, presentado por su gerente general Diego Justiniano. Esta división de la mayor exportadora de madera de Bolivia nació en 2023 con el objetivo de transformar residuos de biomasa forestal en biochar, una forma de carbono que puede ser almacenada en el suelo y tiene un alto potencial de captura de CO₂. Justiniano explicó que la industria forestal en Bolivia enfrenta un serio problema con los residuos, que muchas veces se queman por falta de alternativas, generando emisiones contaminantes, riesgos de incendio y problemas de salud pública.
El biochar ofreció una solución sostenible, convirtiendo un pasivo ambiental en un activo económico y climático. Actualmente, Exomad Green opera una planta en Concepción, construye otra en Riberalta y planea expandirse aún más. El proyecto ha logrado no solo reducir emisiones, sino también generar créditos de carbono y promover prácticas sostenibles entre sus proveedores.
La conferencia concluyó con una clara sensación de urgencia, pero también de esperanza. A pesar de las diferencias legales, institucionales y económicas entre los países, el mensaje fue unánime: el mercado de carbono representa una oportunidad real para financiar la conservación de bosques, restaurar ecosistemas, generar empleo verde y cumplir con las metas climáticas globales. Sin embargo, su éxito dependerá de la existencia de marcos legales claros, procedimientos transparentes, participación comunitaria y un entorno financiero que incentive la inversión de largo plazo. En definitiva, lo que está en juego no es solo un nuevo mercado, sino el futuro mismo de nuestros ecosistemas y de las generaciones por venir.
Exomad Green apuesta por una producción con reponsabilidad ambiental
Guarayos vive un momento histórico. Entre maquinaria, andamios y la actividad constante de obreros, la provincia se prepara para albergar la que será la mayor planta de biochar del mundo, impulsada por Exomad Green. Este proyecto no solo transformará los residuos forestales que antes eran incinerados —causando contaminación y problemas de salud— en un insumo clave para la agricultura, sino que promete dinamizar la economía local y generar decenas de empleos directos e indirectos.
En su primera fase, más de 400 trabajadores —albañiles, plomeros, electricistas y mano de obra general— participan en la construcción de instalaciones que ocuparán más de 13.000 m² e incorporarán 8 líneas de producción. Según Fernando Gonzales, gerente de proyectos de la empresa, la contratación continuará al menos hasta abril de 2026. Una vez operativa, la planta generará más de 250 empleos directos y al menos 500 indirectos, y en su segunda fase la infraestructura y la capacidad productiva se duplicarán.
El proyecto también impulsará la economía regional, ya que Exomad Green prioriza abastecerse de materiales locales, desde ladrillos y carpintería hasta áridos, inyectando recursos directamente en familias y pequeños negocios de Guarayos. El alcalde Pablo Eddie Guaristi destacó que la planta reducirá la quema de residuos forestales, mientras que José Luis Melgar, presidente de Fejuve, compartió el entusiasmo por la llegada de la planta.
La empresa prevé iniciar operaciones en abril de 2026, produciendo más de 70.000 toneladas de biochar al año, parte de ellas destinadas gratuitamente a comunidades y pequeños productores.