El Gobierno saliente insiste en un optimista panorama económico a escasas semanas de la transición de mando, asegurando que la nueva administración que asuma el 8 de noviembre heredará una economía "estable". La narrativa choca frontalmente con las versiones de sectores productivos, gremiales y economistas que advierten que los nuevos gobernantes tendrán el difícil reto de “reconstruir” la economía.
La viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Gloria Villanueva, fue la encargada de reiterar la postura oficial, en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv. “Nosotros no estamos dejando un país con una economía en crisis, más al contrario, en todo este tiempo, desde el 2020, hemos ido trabajando en diferentes políticas y estamos entregando una economía estable”, explicó.
La autoridad recordó que, en noviembre de 2020, el gobierno de Luis Arce recibió una economía “postergada” a causa de la pandemia del Covid-19 y las decisiones del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Ponderó que el crecimiento económico posterior a 2021, se dio gracias a la distribución de vacunas anticovid para proteger a la población boliviana de esa enfermedad y la aplicación de nuevas políticas para reactivar la economía nacional.
El Gobierno señala que desde 2022 y 2023 la economía se comenzó a ver afectada por factores internos, es decir, los bloqueos de caminos y el bloqueo a créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) impulsados por la derecha tradicional y la nueva derecha (evista).
Aunque los conflictos políticos indudablemente exacerbaron los problemas, los analistas insisten en que la raíz del colapso está en el modelo económico agotado, la tardía respuesta a la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y la falta de reformas estructurales.
La agencia estatal de noticias ABI relató que son más de $us 5.000 millones de pérdidas económicas por bloqueos de caminos durante la gestión del presidente Arce y al menos $us 1.638 millones en créditos externos para diferentes niveles de proyectos estancados en la Asamblea Legislativa a la fecha.
La viceministra concluyó la defensa oficial con el argumento que “estaban comprometidos proyectos de inversión que no han podido llevarse a cabo, porque no han sido aprobados estos créditos. Y el bloqueo de las carreteras ha impedido que las regiones puedan contar con los recursos porque impiden que haya una actividad económica normal”, señalando la parálisis política como principal motor de la desaceleración.
La nueva administración, sin embargo, se enfrentará a un panorama mucho más complejo que la sola reactivación de proyectos: la urgente necesidad de dólares, la revisión de los subsidios a los carburantes que desangran el Tesoro, y el riesgo inminente de una devaluación.