El 20 de abril de 2021, Álvaro M. recibió su memorándum de despido, en el que se indicaba que el presidente de la empresa había retirado su confianza en su persona y se amparaba en el reglamento interno para pagarle solamente lo correspondiente a sueldos, vacaciones y años de servicios adeudados. Con su pequeña hija aún en tratamiento contra el cáncer en la Caja Petrolera, Álvaro decidió luchar por un desahucio justo y logró que le paguen lo que corresponde, según la Ley General del Trabajo.
Habían transcurrido poco más de ocho años de servicio en una empresa petrolera estatal y, a pesar de su experiencia y títulos profesionales, este hombre de 43 años y con cuatro hijos, no ha podido encontrar una fuente laboral donde le paguen -o por lo menos se acerque- a los Bs 12.500 mensuales que percibía por su trabajo.
“Hace poco conseguí un trabajo, pero gano la mitad de lo que ganaba antes de la pandemia. Gracias a Dios, cuando quedé sin trabajo, sobrevivimos con el sueldo de mi esposa y ahora quiero ponerme al día con el banco que quiere rematar mi casa”, expresó Álvaro, al lamentar la situación que también afecta a miles de bolivianos que han visto caer sus ingresos drásticamente.
El Centro Boliviano de Economía (Cebec) de la Cainco en Santa Cruz, en su último estudio analiza el estado del mercado laboral -en base a los microdatos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística (INE)-, da cuenta que el promedio de ingresos laborales totales de los trabajadores urbanos cayó un 10% entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2023.
Pablo Mendieta, director del Cebec, indicó que el promedio de ingresos laborales totales de los trabajadores urbanos llegó a Bs 3.240 por mes al primer trimestre de 2020, para luego caer a un mínimo de Bs 2.672 en el tercer trimestre del mismo año. “Desde entonces se ha recuperado gradualmente pero no a los niveles previos a la pandemia”, indicó.
Mendieta explicó que, de acuerdo a los estudios, dicha caída muestra tres implicaciones para la economía boliviana. La primera, un mercado informal extendido, donde los salarios se ajustan rápidamente frente a la caída de la producción y las ventas. La segunda, la entrada de más personas al mercado laboral para compensar la caída de ingresos y, la tecera, la falta de recuperación plena después de la pandemia.
“El primer punto no es comparable porque considera indicadores distintos y ámbitos geográficos diferentes. En el caso del segundo, es evidente que el país tiene la tasa más baja de desempleo desde 2015, como resultado de la inserción de más personas al mercado laboral en actividades precarias por la caída del ingreso principal”, señaló.
Para el abogado laboralista Andrés Aguilera, esta tendenciase origina antes de la pandemia, acrecentado por la constante migración de personas hacia Santa Cruz, lo que ha provocado que las empresas o los contratistas puedan conseguir trabajadores por menos del salario mínimo.
“Esto se aplica también hasta niveles gerenciales, estamos hablando del año 2018, cuando un gerente podía ganar un salario de 30.000 bolivianos, ha tenido competencia de personas que, trabajando por lo mismo, cobran 20.000 a 17.000 bolivianos”, indicó.
En tal sentido, añadió que con la pandemia en auge, las empresa dejan de vender o disminuyen sus ventas, aunque algunas se beneficiaron. “Ahí vienen las rebajas y establecer lo que se ve hoy en día, que ponen un salario mínimo con comisiones o están obligando, inclusive a los gerentes o mandos medios, a que facturen sus salarios para no reconocer los derechos laborales”, señaló Aguilera.
Los hijos, a trabajar Cuando los ingresos para el sostenimiento de la familia no alcanzan, la opción más requerida es que la esposa y los hijos ayuden a generar recursos. Pablo Mendieta indica que en economía eso se conoce como el efecto del “trabajador adicional”, porque la caída del ingreso impulsa a más personas de la familia a trabajar o a quienes ya trabajan a emprender otras actividades para compensar la caída del ingreso de toda la familia. Esto ha sido aprovechado por el Gobierno para informar que al primer trimestre de 2023 en el área urbana, la tasa de desocupación fue de 4,8%, un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2022, cuyo porcentaje llegó a 4,3%. Sin embargo, Mendieta aclaró que la caída salarial mencionada se observó, sobre todo, en el sector informal. En el sector formal las remuneraciones promedio en el segundo trimestre de 2023 (Bs 5.038 por mes) fueron más altas que antes de la pandemia (Bs 4.845), según los reportes del Ministerio de Trabajo, que compila el INE. “No obstante, dado que 80% del empleo es informal, esta caída implica menos demanda de la población al sector informal como formal”, agregó. El economista Fernando Romero explicó que los datos que toma en cuenta el Gobierno se calculan entre número de personas desocupadas y la población económicamente activa (PEA), de 14 a 60 años. “Debería diferenciarse entre aquellas personas que trabajan, donde está la señora que vende gelatina, y las que tienen empleo, que se refiere a una vinculación obrero-patronal, que ganen el salario mínimo nacional, que tengan seguro social, cobertura médica, estabilidad laboral y de eso hay muy poco porque nuestra economía es, al menos, un 80%informal. Quiere decir que, de cada 10 personas económicamente activas, apenas dos tienen ese tipo de empleo”, subrayó Romero. Por su parte, Andrés Aguilera observó que actualmente existen más jóvenes que trabajan debido a la necesidad. “No entran a la universidad y se ponen a trabajar porque no tienen cómo mantenerse o, a los padres no les alcanza para mantenerlos (...). Usted lo vesi va a todas las agencias de empleo en todo Bolivia, el salario que le ofrecen son 1.300 bolivianos y el Gobierno puede utilizar estas estadísticas para justificar que hay trabajo, pero no es un trabajo que permite a la persona adquirir bienes o salir de su estado marginal, porque está sobreviviendo, prácticamente para comer”, dijo.