Por Carlos Aranda
La libertad económica no es una abstracción académica; es un factor clave que determina el ingreso, la pobreza y hasta la esperanza de vida de las personas. El más reciente reporte global del Fraser Institute, elaborado en conjunto con el Centro de Estudios Populi, confirma esa premisa y sitúa a Bolivia en una posición preocupante: el puesto 116 de 165 jurisdicciones evaluadas, apenas por encima del grupo de países catalogados como economías reprimidas.
El Índice de Libertad Económica del Mundo 2025 mide cinco grandes dimensiones: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad monetaria, libertad comercial internacional y regulación. En cada una, Bolivia exhibe debilidades notorias.
Los puntajes de BoliviaEn el detalle por componentes, Bolivia muestra sus mayores desafíos en el área de Regulación, donde la calificación es de 4,42/10, ubicándola en el puesto 154 a nivel mundial.
De manera similar, los indicadores de Sistema legal y derechos de propiedad con 4,13/10 (puesto 124) y Libertad de comercio internacional con 6,46/10 (puesto 120) también se encuentran en la parte baja de la tabla. El componente de Tamaño del gobierno obtiene una nota de 5,94/10, ocupando el puesto 122.
La única excepción positiva es el apartado de “dinero sano”, donde Bolivia alcanza una puntuación destacada. Sin embargo, el estudio advierte que este resultado refleja condiciones de 2023, cuando la inflación aún estaba contenida gracias al tipo de cambio fijo y al uso de reservas internacionales. Desde finales de ese año, el escenario cambió drásticamente: la base monetaria se disparó, la inflación trepó a niveles no vistos en más de una década y se produjo una devaluación de facto superior al 100%.
Si se incluyeran esos datos recientes, Bolivia caería a un puntaje cercano a 5,00, lo que implicaría descender hasta el puesto 145, es decir, retroceder 29 posiciones y situarse entre las economías más reprimidas del planeta.
¿Por qué importa la libertad económica? El estudio no se limita a comparar posiciones en rankings internacionales, sino que presenta evidencia empírica de los beneficios que trae consigo contar con economías más libres.
Uno de los hallazgos más importantes es la relación entre libertad económica e ingresos. En promedio, los países con mayor apertura generan 6,2 veces más riqueza que los menos libres: hablamos de un ingreso per cápita de 66.434 dólares frente a apenas 10.751. Esta diferencia se refleja en la capacidad de crecimiento y en la calidad de vida de la población.
La libertad económica ofrece más oportunidades para los sectores más vulnerables. El 10% más pobre de la población en economías abiertas percibe 7,8 veces más ingresos que sus pares en países con regulaciones excesivas: 9.771 dólares frente a apenas 1.255. Es decir, no solo crece la economía en general, sino que mejora la situación de quienes se encuentran en la base de la pirámide social.
Otro aspecto clave es la pobreza. En los países con menor libertad económica, la tasa de personas en situación de pobreza alcanza al 52% de la población, mientras que en las naciones más libres se reduce drásticamente hasta el 2%. Esto demuestra que la apertura no solo favorece la acumulación de riqueza, sino que también es un factor decisivo para reducir desigualdades extremas.
El estudio muestra que la libertad económica tiene un impacto directo en la expectativa de vida. En sociedades más abiertas, las personas pueden vivir hasta 17 años más que quienes habitan en países reprimidos: 79 años frente a 62. Esta diferencia refleja mejores condiciones de salud, acceso a servicios básicos y mayores oportunidades de desarrollo humano.
El reporte de Populi advierte que Bolivia enfrenta la necesidad de implementar reformas profundas y urgentes en distintos ámbitos para encaminar su economía hacia la sostenibilidad. Las recomendaciones apuntan tanto al rol del Estado como al funcionamiento de la justicia, la política fiscal y el mercado laboral.
Uno de los ejes centrales es la reducción del tamaño del Estado. Esto implica disminuir la burocracia, limitar el número de empresas públicas e impulsar concesiones en servicios clave como salud, educación e infraestructura. El objetivo es ganar eficiencia y aliviar la presión sobre las finanzas públicas.
Otro aspecto crucial es la reforma judicial. El informe plantea eliminar las elecciones de autoridades judiciales y garantizar un sistema independiente, libre de presiones políticas, que proteja los derechos de propiedad y fortalezca la seguridad jurídica, elementos indispensables para atraer inversión.
En el ámbito fiscal, se subraya la urgencia de corregir un déficit que en la última década ha promediado el 8% del PIB. Mantener este desequilibrio, eleva el riesgo de recurrir a una emisión monetaria descontrolada, con consecuencias inflacionarias.
El documento, sugiere simplificar trámites aduaneros, digitalizar procesos y liberalizar el flujo de mercancías, capitales y personas, con el fin de dinamizar la economía y mejorar la competitividad.
Finalmente, se propone flexibilizar el mercado laboral. Esto incluye adecuar los salarios a la productividad y reducir las rigideces que frenan la formalización de las empresas y la contratación de trabajadores, con la meta de generar más empleo de calidad.
El Economic Freedom of the World 2025 es, en palabras del propio informe, una guía para el diseño de políticas públicas orientadas a liberar el potencial productivo de los países. Para Bolivia, el diagnóstico es claro: se encuentra en una zona de riesgo, al borde de ser catalogada como economía reprimida.
La pregunta ya no es si el país necesita reformas, sino si existe la voluntad política para implementarlas. El tiempo corre y, como advierte Populi, la profundidad de las medidas que se apliquen será directamente proporcional al rezago acumulado.