Procurador advierte con procesos penales por incumplimiento de sentencias constitucionales

El procurador general del Estado, César Siles, advirtió con procesos penales contra las personas que se nieguen a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La advertencia recae sobre dos resoluciones polémicas. Una de ellas ordena la suplencia del gobernador Luis Fernando Camacho y la otra niega la reelección al expresidente Evo Morales.

“La posición de la Procuraduría, lo vuelvo a repetir, es que las sentencias, las decisiones, resoluciones, dictadas por el Tribunal Constitucional del artículo 203 de la Constitución, no son vinculantes, son obligatorias, no cabe con ellas recurso ulterior. Asimismo, el artículo 18 del Código Procesal Constitucional faculta a la Procuraduría, también al Ministerio Público, y al propio Tribunal Constitucional a iniciar las acciones legales en caso de desobediencia a resoluciones constitucionales”, dijo Siles en una conferencia de prensa, en La Paz.

Para Siles existen criterios políticos que se oponen al cumplimiento de las resoluciones de los magistrados del TCP, pero aclara que estas determinaciones no deberían debatirse ni analizarse, puesto que debe ejecutarse de manera obligatoria como ordena la ley.

“La Procuraduría va a hacer cumplir las sentencias porque así lo define el artículo 18 del Código Procesal Constitucional y además la obligación que tiene cualquier autoridad y servidor público de denunciar delitos, si se están cometiendo, como lo dicen las resoluciones constitucionales”, señaló.

El procurador indicó que se deben cumplir las tres sentencias que han generado polémica en los últimos días. La prorroga en el mandato de los magistrados contrala que se manifiestas sectores afines a Morales: la sentencia 1010/2023 que establece la nulidad de la reelección continua o discontinua para las autoridades del Órgano Ejecutivo; y la sentencia 1021/2023 que dispone la suplencia temporal del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, por su vicegobernador.

“Cualquier sentencia, cualquier resolución es de carácter vinculante, implica la decisión asumida respecto a la Gobernación de Santa Cruz, la decisión asumida respecto a la prórroga única y excepcional de mandato de las autoridades de orden judicial y también con relación a la reelección que no es un derecho humano”, sentenció.

Asimismo, Siles señaló que la Procuraduría tiene la potestad de iniciar procesos por desobedecer las resoluciones del TCP con la finalidad de defender los intereses del Estado. Agregó que estos procesos ya se han iniciado como en los casos de Sacaba y Senkata, donde murieron varias personas en los conflictos de 2019.