Aunque la Constitución Política del Estado (CPE) y diversas leyes nacionales e internacionales garantizan la igualdad de condiciones para todas las personas, en la práctica miles de bolivianos con discapacidad visual y auditiva continúan enfrentando un sistema judicial inaccesible. Así lo confirma la investigación “Vulneración del derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad visual y auditiva en Bolivia”, desarrollada por el presidente para Bolivia del Club Iberoamericano de Investigación Jurídica, Yhostin Gary Plata Quisbert.
El estudio —que incluye entrevistas a personas con discapacidad y encuestas a estudiantes de Derecho que trabajan en tribunales— identifica barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que vulneran el derecho fundamental de este grupo a una justicia efectiva. Entre ellas se encuentran la ausencia de señalización en braille, la inexistencia de aceras podotáctiles hacia instituciones judiciales y policiales, y la falta de formatos accesibles para la información procesal.
Plata Quisbert es estudiante de derecho en la Universidad Privada Domingo SAvio (UPDS). La docente y coordinadora de investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas de dicha universidad, Jenny Quiroga, afirma que en Bolivia la promesa constitucional de igualdad y acceso pleno a la justicia enfrenta una dura realidad cuando se trata de personas con discapacidad.
“La CPE y normas conexas consagran de manera explícita la protección integral, el respeto a la dignidad y el ejercicio pleno de derechos —como el acceso a educación y salud gratuitas, la comunicación efectiva y el trabajo en condiciones equitativas— mediante facilidades para la comunicación en lenguajes alternativos, garantizando el pleno desarrollo de sus capacidades”, explica Quiroga.
Añade que estas normas prohíben cualquier forma de discriminación, violencia o explotación y obligan al Estado a facilitar la integración efectiva de estas personas mediante servicios que aseguren condiciones dignas y justas. Sin embargo, estas garantías aún no se reflejan en el funcionamiento cotidiano del sistema judicial.
Quiroga señala que la orientación constitucional reconoce expresamente que las personas con discapacidad deben ser protegidas por la familia y el Estado, estableciendo la obligación de asegurar su inclusión mediante medidas concretas que promuevan su participación en todos los ámbitos sociales y productivos.
No obstante, el estudio de Plata evidencia la persistencia de barreras tangibles y simbólicas que restringen dramáticamente su acceso a la justicia. Basado en entrevistas directas con personas con discapacidad y encuestas a estudiantes de Derecho en tribunales, su investigación documenta la ausencia de señalización en braille, la falta de aceras podotáctiles, la inaccesibilidad de formatos informativos y, sobre todo, la existencia de prejuicios y desconfianza institucional que vulneran la autonomía legal de estas personas. A estas carencias materiales se suma un problema más profundo: la desconfianza institucional hacia la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Este prejuicio, según Plata, “limita su autonomía y las deja en una situación de indefensión dentro de un sistema que debería protegerlas”. Las cifras son contundentes: el 70% de los entrevistados manifestó que renunciaría a su búsqueda de justicia debido a las barreras que enfrenta. La docente Jenny Quiroga B. explica que el trabajo de Plata destaca la urgencia de superar un enfoque médico-rehabilitador, tradicional en las políticas públicas bolivianas, y avanzar hacia un paradigma centrado en los derechos humanos. “Es imprescindible reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho, cuya dignidad, autonomía y participación deben ser garantizadas por el sistema judicial”, subraya. Quiroga añade que este cambio requiere formación especializada del personal judicial, inversión en infraestructura accesible y el establecimiento de protocolos que aseguren el respeto a los principios de accesibilidad y no discriminación. “No se trata de favores ni concesiones; es el cumplimiento de una obligación constitucional y de compromisos internacionales”, remarca. Para ello, el respeto al principio de progresividad de los derechos humanos se vuelve clave, sobre todo en un contexto de transición política y social como el que anticipa la próxima elección de autoridades nacionales. Este momento representa una ventana de oportunidad histórica para impulsar reformas y políticas innovadoras que promuevan la accesibilidad universal y la no discriminación efectiva, más allá de la retórica legal. Tanto Plata como Quiroga coinciden en que la ratificación por parte de Bolivia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas provee un marco normativo internacional que obliga al Estado a eliminar barreras, garantizar ajustes razonables en los procesos judiciales y promover una cultura institucional basada en igualdad, autonomía y participación. La investigación adquiere especial relevancia en el contexto de la próxima elección de autoridades nacionales. Según Jenny Quiroga, este es un momento para configurar nuevos marcos normativos e institucionales que asuman el principio de progresividad de los derechos humanos. “Las nuevas autoridades tienen el desafío de impulsar políticas públicas que visibilicen las necesidades de los grupos vulnerables y consoliden una inclusión más efectiva de la población con discapacidad visual y auditiva”, concluye.