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Juez y exdiputada pasaron de testigos a investigados en caso ´narcomaletas´

Lunes, 26 de enero de 2026 a las 16:33
Hebert y Laura son investigados en el caso ´narcomaletas´

El juez y la exdiputada admitieron ser amigos y que se conocieron en el colegio, donde fueron compañeros. Sin embargo, negaron rotundamente estar involucrados en el caso ´narcomaletas´

El denominado caso ´narcomaletas´ dio un giro clave: tanto el juez anticorrupción y de sentencia, Hebert Zeballos, como la exdiputada y actual candidata a concejal por Santa Cruz de la Sierra, Laura Rojas, pasaron de figurar como testigos a ser investigados dentro del proceso por tráfico de sustancias controladas, que indaga el ingreso al país de una treintena de maletas que salieron sin control del aeropuerto internacional de Viru Viru.

El juez y la exdiputada negaron tener vínculos con las maletas con droga y armas secuestradas en un galpón de una empresa de seguridad de la Villa Primero de Mayo. Sin embargo, ambos admitieron ser amigos y comentaron que se conocieron en el colegio, donde fueron compañeros.

Los abogados de los dos investigados cuestionaron el actuar del Ministerio Público, al citar como testigos al juez y la exdiputada para después aprehenderlos. Sin embargo, el fiscal Julio Cesar Porras argumento que existen suficientes elementos que implican a estas dos personas en el caso investigado, motivo por el cual se amplió la investigación contra ellos.

Ayer, la Justicia dispuso 120 días de detención preventiva en el penal de Palmasola para el juez Zeballos, al considerar que existen indicios suficientes que lo vinculan con los delitos de tráfico de drogas, asociación delictuosa y confabulación, de acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público.

La Fiscalía había solicitado 180 días de detención preventiva; sin embargo, la autoridad jurisdiccional resolvió imponer 120 días, tras evaluar los riesgos procesales expuestos durante la audiencia cautelar. Según la investigación, existe una conexión directa entre el cargamento de droga hallado en un galpón y el ingreso al país de 32 maletas —aunque Aduana solo registró oficialmente 31— procedentes de Estados Unidos, transportadas en un vuelo privado que arribó a Viru Viru.

De testigos a imputados

Ese hecho dio origen al denominado caso ´narcomaletas´, en el que también figura como investigada la exdiputada Laura Rojas, quien este lunes se presentó a declarar ante el Ministerio Público como testigo, pero fue aprehendida luego de que se amplió el proceso y quedó en calidad de investigada, tal como paso con el juez.

"El día de hoy, 26 de enero, hacen una ampliación de la investigación en contra de mi defendida Laura Rojas. Veníamos nosotros a brindar la información correspondiente (como testigo), pero nos sorprende de sobre manera que hagan esa ampliación, la cambian de testigo a sindicada", informó el abogado de la exdiputada, Ernesto Giraldes.

Mientras que Zeballos fue aprehendido el viernes, luego de presentarse de manera voluntaria ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Durante su declaración informativa, que se extendió por más de cuatro horas, el magistrado se acogió a su derecho constitucional al silencio, pese a que días antes había negado públicamente cualquier vínculo con los hechos investigados.

“El señor Zeballos fue convocado inicialmente en calidad de testigo. Hizo uso de su derecho constitucional a no declarar; sin embargo, tras analizar los indicios y la documentación existente, la comisión decidió ampliar la investigación y disponer su aprehensión conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal”, explicó el fiscal Julio César Porras, miembro de la comisión investigadora.

De acuerdo con la imputación formal, el juez es investigado por delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa, y la Fiscalía argumentó riesgo de fuga y de obstaculización del proceso para sustentar la solicitud de detención preventiva.

El caso continúa en investigación y es considerado de alta sensibilidad institucional, debido a la presunta implicación de un operador judicial y de una exautoridad legislativa en un proceso vinculado al tráfico de drogas y a fallas graves en los controles estatales.

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