La Asociación Cristiana Evangélica (ACE) de Santa Cruz emitió un pronunciamiento público en el que reprocha de manera categórica cualquier hecho de abuso o delito cometido por ministros religiosos, en referencia al caso del pastor peruano investigado por el delito de estupro cometido presuntamente contra dos mujeres. La institución afirmó que no encubrirá a ningún responsable y pidió a la justicia actuar con firmeza y respeto a las víctimas.
Este pronunciamiento, se da luego de que el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informará que se inició un segundo proceso penal contra el pastor peruano Marco Antonio N. d. A, debido a que se descubrió que supuestamente mantuvo relación sentimental de su prima hermana cuando esta era menor de edad.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la ACE sostuvo que condena “todo mal proceder de iglesias y/o pastores que van en contra de las leyes divinas y humanas”, remarcando que el abuso de autoridad dentro de espacios religiosos no solo daña a las víctimas directas, sino que afecta a toda la iglesia evangélica. En ese marco, demandó que los administradores de justicia interpreten y apliquen correctamente las leyes, garantizando la protección de las personas afectadas.
La organización aclaró que, hasta la fecha, no recibió ninguna denuncia formal contra afiliados suyos vinculada a este caso, por lo que —según sus estatutos— no puede actuar únicamente en base a contenidos difundidos en redes sociales como videos o publicaciones en TikTok. No obstante, reveló que intentó mediar voluntariamente como instancia conciliadora en un caso puntual, pero fue excluida por los propios involucrados, quienes argumentaron no pertenecer a la institución ni estar bajo su tuición.
Ante la reiteración de denuncias públicas contra ministros independientes, la ACE anunció que trabaja en la conformación de un Comité Nacional de Ética Ministerial, con respaldo legal, que permita asumir acciones ministeriales y, de ser necesario, legales frente a futuras denuncias. Según la entidad, este mecanismo buscará enfrentar la proliferación de iglesias y líderes que no rinden cuentas a ninguna instancia y que, amparados en esa condición, actúan al margen de la ley.
El pronunciamiento subraya que, si un caso se encuentra en manos de la justicia, la iglesia aguardará una sentencia antes de intervenir pastoralmente. “El ladrón, el abusador, el violador, el estafador y cualquier persona que incurra en un delito debe ser sancionada como lo dictan las leyes”, señala el documento, al tiempo que distingue el rol espiritual de la iglesia del trabajo investigativo y sancionador que corresponde al Estado.
Finalmente, la Asociación Cristiana Evangélica reafirmó su misión de apoyar y fortalecer a las iglesias y ministros que actúan conforme a la ley y a la fe, y llamó a no confundir a la población con representaciones indebidas. También expresó que ora para que se proteja a la iglesia de “falsos ministros” y se respalde a quienes, según su criterio, ejercen un verdadero servicio a la sociedad.