El Ministerio Público abrió un segundo proceso penal de oficio contra el pastor extranjero Marco Antonio N. d. A., investigado inicialmente por presunto estupro, tras la aparición de una nueva denuncia que involucra a una menor de edad y un vínculo de consanguinidad entre la víctima y el acusado.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que la nueva causa fue comunicada oficialmente este martes y se sustenta en un informe emitido por la fiscal asignada al primer proceso, Margoth Vargas, el cual advierte indicios de los delitos de estupro agravado y violencia familiar o doméstica.
“Se ha comunicado de manera oficial una nueva causa. Existe un inicio de investigaciones que de oficio se ha abierto por parte del Ministerio Público en virtud a un informe emitido por la fiscal asignada al caso, por los presuntos delitos de estupro agravado, como así también violencia familiar o doméstica, donde se tiene como víctima también a una menor de edad que, cuando se sindican los hechos, era menor de edad”, explicó Zeballos.
La autoridad precisó que este segundo proceso incorpora un agravante adicional, debido a que entre la presunta víctima y el denunciado existiría un parentesco directo por consanguinidad.
“Existe el agravante de ser parientes por consanguinidad, en este caso la vertiente de ser primos hermanos. Es decir, entre la víctima y el ahora denunciado”, puntualizó el fiscal.
Zeballos detalló que la nueva investigación surge a partir de una declaración testifical recabada dentro del primer proceso, lo que motivó la apertura de oficio tras la valoración correspondiente por la unidad de análisis del Ministerio Público.
“En virtud a dicha declaración se ha reabierto de oficio este nuevo proceso penal y ya se ha comunicado el inicio de investigaciones ante la autoridad judicial. Por ende, esta persona va a ser convocada y citada ante el Ministerio Público para que preste su declaración informativa ante la policía”, indicó.
El fiscal confirmó que Marco Antonio N. d. A. deberá ahora responder en dos procesos penales, ambos abiertos de oficio y conforme a las formalidades establecidas por ley.
“Se ha decidido abrir, previa valoración, un segundo proceso penal por el presunto delito de estupro agravado y violencia familiar o doméstica. Tendrá que responder nuevamente por un segundo caso, y se van a realizar todos los actos investigativos correspondientes”, sostuvo.
El primer proceso
El primer caso se inició tras la denuncia de una mujer que actualmente tiene 29 años, quien decidió denunciar hechos ocurridos cuando tenía 16 años, presuntamente cometidos hace 13 años en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según la denuncia, el acusado —de nacionalidad peruana y residente en Bolivia desde hace dos décadas— se habría valido de su rol como pastor para ganarse la confianza de la adolescente.
Hasta el momento, el investigado no fue aprehendido, mientras la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) continúan con los actuados investigativos.
En el marco del avance del caso, la presidenta del Consejo de Género y Derechos Humanos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Rosmery Ruiz Martínez, expresó un mensaje público de respaldo a las víctimas de violencia sexual y comprometió seguimiento institucional.
“No solo ella (la primera víctima), todas las mujeres no están solas. Mi presencia más que como magistrada es una presencia de apoyo humano, de apoyo espiritual a una mujer que ha sufrido hechos de violencia”, afirmó, tras visitar a la denunciante del primer caso.
Ruiz Martínez remarcó que, respetando la independencia de los órganos del Estado, se realizará un seguimiento al proceso, con el objetivo de evitar la impunidad.
“Respetando la independencia de los órganos, nosotros haremos un seguimiento al caso. Evidentemente los plazos procesales muchas veces vienen a entorpecer o querer dejar en la impunidad algunos casos. Veremos las medidas más adecuadas para que se apliquen los estándares más altos de derechos humanos en el juzgamiento de este tipo de hechos”, señaló.
La autoridad subrayó que el objetivo es garantizar procesos oportunos y sin denegación de justicia para las víctimas.
“Queremos que ningún caso quede con denegación de justicia, pero también permitir a las víctimas que tengan un proceso pronto y oportuno”, concluyó.
El caso ha generado alta sensibilidad social y jurídica, al involucrar denuncias reiteradas, presuntas víctimas menores de edad y vínculos familiares, lo que refuerza la exigencia de una investigación exhaustiva y con enfoque de derechos humanos.