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Gobernación cruceña asegura que no despidió a funcionarios con inamovilidad por discapacidad

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 12:47
José Luis Gómez, secretario de Gestión Institucional

El secretario Gómez explicó que la supresión de los ítems se realizó en cumplimiento de la Ley 380, firmada por Mario Aguilera. Dijo que el gobernador Camacho ha ordenado reubicar a los trabajadores afectados. 

La Gobernación de Santa Cruz aclaró que no se han generado despidos a funcionarios con inamovilidad por discapacidad, luego de especulaciones y quejas difundidas en redes sociales. El secretario de Gestión Institucional, José Luis Gómez, explicó que se trata de la aplicación de la Ley 380, que suprimía cargos e ítems dentro de la institución departamental. 

"Lo que ha sucedido es que, en cumplimiento de la Ley 380, se suprime algunos cargos y esos cargos estaban siendo ocupados por personas con inamovilidad. Es la Ley de Organización Estructural y Escala Salarial, que fue firmada el día 26 de agosto por el -entonces- gobernador en ejercicio Mario Aguilera", explicó Gómez. 

El secretario departamental explicó que la Gobernación sólo está cumpliendo con la norma legal, en concordancia con el artículo 10 de la Ley SAFCO, que especifica que no se puede hacer "gestión pública si no se tienen garantizados los recursos". 

Gómez aseguró que no se ha dado de baja a las personas con inamovilidad por discapacidad, aunque sí existen 17 personas a las que se les ha suprimido ítems con sus respectivas notificaciones. 

"Nosotros estamos cumpliendo la ley porque las leyes no son de interpretación, son de cumplimiento. En ese sentido, reiterar que no se ha despedido a personas, simplemente se ha acatado una ley que suprimió a su ítem y que esa ley no fue firmada por el gobernador Camacho", añadió. 

A pesar de que no se trata de una ley de la gestión de Luis Fernando Camacho, el secretario Gómez indicó que recibió órdenes del gobernador Camacho para buscar una solución. Asimismo, indicó que el gobernador pidió a Asesoría General y a la Secretaría de Justicia para que se evalúe si corresponde tomar acciones administrativas contra las autoridades que firmaron esta ley.

 

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