Un censo piloto realizado entre el 7 y el 9 de octubre en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, reveló serias deficiencias en materia de salud, defensa legal y educación de las personas privadas de libertad. El estudio, impulsado por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, busca construir una radiografía precisa de las condiciones de vida en uno de los recintos más grandes del país.
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, explicó que esta iniciativa va más allá de un simple conteo poblacional. “El censo permite conocer el estado de los internos más allá de su situación judicial. Nos ayuda a detectar problemas en defensa legal, como la falta de abogados, y necesidades de salud y educación, que son esenciales para la reinserción social, como es el trabajo”, indicó en entrevista con ABI.
De acuerdo con los primeros resultados, una gran parte de los internos no cuenta con abogados particulares y depende únicamente de la defensa pública, lo que ralentiza sus procesos judiciales y limita su derecho a una defensa efectiva. El objetivo del diagnóstico es identificar estas brechas para coordinar con el Ministerio de Justicia mecanismos que fortalezcan la asistencia legal.
En el ámbito sanitario, el panorama también es preocupante. Aunque los internos tienen derecho al Sistema Único de Salud (SUS), el censo detectó escasez de personal médico y de enfermería, así como falta de laboratorios para la detección temprana de tuberculosis (TB), una enfermedad que afecta a varios centros penitenciarios del país.
“Uno de los temas que está atacando mucho en los centros penitenciarios es el de la tuberculosis. La información recabada permitirá mejorar la atención en salud y coordinar con el Ministerio de Salud para aplicar protocolos adecuados”, agregó Limpias.
El estudio también abarcó la situación educativa y laboral de los internos. En Palmasola, universidades locales ya participan con programas formativos, pasantías y clases regulares dentro del penal, lo que abre oportunidades para que los reclusos accedan a estudios técnicos y universitarios.
“Esta información nos permitirá diseñar políticas educativas y laborales efectivas dentro del penal”, explicó Limpias, quien remarcó que la educación y el trabajo son pilares fundamentales para la reintegración social y la reducción de la reincidencia delictiva.
Los resultados finales del censo piloto serán procesados en los próximos días y servirán como base para generar políticas penitenciarias más integrales, orientadas a mejorar la atención médica, el acceso a la justicia, la educación y el trabajo productivo dentro de los centros de reclusión del país.
El censo de Palmasola se perfila como un modelo de referencia nacional, y su implementación en otros departamentos permitirá contar con un diagnóstico más amplio de la realidad penitenciaria boliviana.