Un joven boxeador de 15 años permanece internado en estado crítico en una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra, mientras la Fiscalía y la Policía investigan las circunstancias en las que sufrió graves lesiones. La denuncia de la familia centra las acusaciones en una actividad relacionada con su entrenamiento deportivo.
De acuerdo con el testimonio de su padre, el adolescente continúa en terapia intensiva y su evolución es reservada. “Mi hijo está en estado crítico, delicado, no ha evolucionado nada favorable todavía”, señaló a los medios.
La familia denunció que el menor fue trasladado desde su gimnasio habitual, ubicado en la zona de Los Lotes, hasta otro centro de entrenamiento, sin el conocimiento ni autorización de sus padres. Este hecho es considerado clave dentro de la investigación.
Según la información preliminar, los hechos habrían ocurrido en un gimnasio de la zona norte de la ciudad, motivo por el cual los familiares solicitaron de manera formal el acceso a las cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer qué sucedió antes de que el adolescente fuera internado de emergencia.
“Hay un aprehendido y se espera que haya más. Queremos ver las cámaras del gimnasio, ahí pasó todo. Exigimos que se llegue hasta el final y se sepa qué le hicieron a mi hijo”, reclamó el padre de la víctima.
Las autoridades policiales confirmaron que el instructor del menor se encuentra aprehendido y es investigado por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves, mientras continúan las diligencias para identificar a otros posibles responsables.
Además del drama médico, la familia enfrenta una difícil situación económica. La deuda acumulada por la internación en la clínica privada supera los 38 mil bolivianos, a lo que se suma el costo de una cirugía de cráneo realizada previamente en otro centro de salud.
“Nadie se ha hecho responsable. La deuda es muy alta y necesitamos ayuda”, expresó el padre, quien apeló a la solidaridad de la población cruceña. Para quienes deseen colaborar, se habilitó el número 713-78747.
El caso ha generado preocupación e indignación en la opinión pública y reabre el debate sobre la responsabilidad de los instructores.