Todo sistema de Inteligencia Artificial (IA) que sea desarrollado en el país por una persona natural o jurídica tendrá una regulación desde la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), oficina del gobierno que tendrá tuición sobre todos los sistemas y actualizará los parámetros de forma periódica.
“La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), será la entidad encargada de supervisar y regular el uso de Inteligencia Artificial en Bolivia”, señala el artículo 23 del proyecto aprobado este jueves en la Cámara de Senadores y fue derivado a Diputados para su revisión.
El documento tiene 31 artículos y dos disposiciones transitorias que da 90 días a la Agetic para que elabore el reglamento; y en 180 días, lineamientos técnicos necesarios y la Estrategia Nacional para el uso de la Inteligencia Artificial.
Los creadores de Inteligencia Artificial deben acatar los lineamientos que diseñe Agetic y que figuran en el proyecto, aunque no los califica como ‘delitos’ sino como ‘contravenciones’.
Asimismo, el Estado en sus oficinas, autoriza el uso de la IA siempre y cuando sea para la mejora de la atención y agilización del trabajo en las oficinas. “La implementación de Inteligencia Artificial IA en entidades estatales deberá garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la eficiencia en la gestión pública”, señala el artículo 19 del proyecto.
Restricciones
La norma establece siete prohibiciones en general. Una de ellas dispone que no puede usar técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona o de formas deliberadamente manipuladoras o engañosas con el objetivo o efecto de alterar de manera sustancial la toma decisiones.
No puede usarse la IA para que explote alguna de las vulnerabilidades de una persona física o un determinado colectivo derivadas de su edad o situación de discapacidad, así como de una situación social o económica específica.
La IA no debe usarse para evaluar o clasificar a personas físicas o a colectivos de personas durante un período determinado de tiempo atendiendo a su comportamiento social o a características personales o de su personalidad conocidas.
Se prohíbe el uso de la IA para realizar evaluaciones de personas y elaborar perfiles basándose únicamente en características de su personalidad.
Se prohíbe el uso indiscriminado para ampliar bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción de imágenes faciales de internet o de circuitos cerrados de televisión.
Toda base de datos o registro biométrico debe ser adquirido lícitamente; finalmente solo se autoriza el registro biométrico por temas de seguridad nacional u orden público.