La Procuraduría General del Estado, le recordó a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) como la principal responsable del cumplimiento del contrato y controversias que pueda haber en la adquisición de los respiradores españoles que son objeto de investigación por una supuesta irregularidad en la compra de los equipos.
La indicación deriva de la vigencia del contrato y de su probable resolución que pudiera aplicarse antes del 29 de mayo, con la fábrica, que advirtió Rosario Canedo, abogada del exministro de Salud, Marcelo Navajas, imputado por el Ministerio Público.
“La responsabilidad y la titularidad por la ejecución del cumplimiento y las controversias por esta adquisición de los respiradores, le corresponde a la AISEM. Se ha puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud, para los fines de fiscalización que quien tiene que asumir el control de ese contrato, es la propia AISEM. Ninguna otra entidad del Estado. La Procuraduría está monitoreando el cumplimiento de esa responsabilidad por parte de esta entidad del Estado”, aseguró a EL DEBER, el procurador José María Cabrera.
La autoridad apuntó que “desconocía las aseveraciones de Canedo, en sentido de que están corriendo plazos, términos y especificaciones”, pero ratificó que la titularidad y la responsabilidad de ejecutar el contrato es AISEM y la Procuraduría la está monitoreando y supervisando para que cumpla con su responsabilidad”.
En manos de la Fiscalía
Sin embargo, a cuatro días de que expire el plazo para solicitar la revocatoria del contrato de compra-venta de los respiradores españoles Respira, la documentación original se encuentra en manos del Ministerio Público.
“El Estado boliviano jamás tuvo relación con la empresa fabricante, sino con la importadora. Si no estamos de acuerdo con los equipos, lo que se puede hacer es resolver el contrato y pedir la devolución inmediata (de los recursos que se pagaron). Son normas de la Comunidad Europea. Pueden devolver ese dinero al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que es el que ha pagado. Y en estos momentos no sirven porque faltan artefactos esenciales, como las baterías que no las han mandado porque no se les habría pagado el 50%”, señaló a EL DEBER, la abogada Canedo.
La jurista advirtió que, si no se absuelve el contrato como es su prerrogativa, hasta el 29 de mayo, el Estado incurriría en incumplimiento de deberes.
Ante esa advertencia realizada por Canedo, el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, aseguró que esa disolución se la está coordinando con AISEM empresa, bajo tuición del Ministerio de Salud, que es la que ha pedido al BID que compre esos aparatos médicos. Pero hay un problema.
“Lamentablemente, toda esa documentación ha sido secuestrada por el Ministerio Público”, aseguró. Se consultó al Ministerio de Salud sobre esta situación, pero no hubo respuesta. El director general de AISEM, Geovanni Pacheco se encuentra con detención preventiva, por este caso.