A un mes y medio de tomar el poder, Rodrigo Paz, marca un antes y un después en la política económica boliviana. El Decreto Supremo 5503, promulgado por el mandatario no solo termina con el subsidio de los combustibles sino que activa un paquete amplio de medidas orientadas a la reactivación productiva, la recuperación de la liquidez y la estabilización de precios. El enfoque es directo: destrabar la economía, atraer inversión y aliviar a los sectores golpeados por la crisis dejada por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La norma apunta a varios frentes. En lo macrofinanciero, otorga facultades extraordinarias al Banco Central de Bolivia (BCB) para gestionar líneas de financiamiento externo, swaps de divisas e instrumentos de cobertura cambiaria, para reforzar la balanza de pagos y las reservas internacionales.
Con esto el Estado busca oxígeno financiero, un requisito clave para reducir el riesgo país y reactivar el crédito.
El decreto introduce un Régimen Extraordinario de Promoción y Protección de Inversiones, considerado uno de los pilares de la estrategia de reactivación.
Este régimen garantiza estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años para nuevas inversiones o ampliaciones, con contratos que tendrán fuerza legal.
A este incentivo se suma la creación de un mecanismo de aprobación acelerada de proyectos estratégicos, con un plazo máximo de 30 días y la aplicación del silencio administrativo positivo.
Esto significa que, si el Estado no responde dentro del tiempo establecido, la autorización se considera otorgada.
Otro eje relevante es el régimen temporal de regularización y repatriación de capitales. Esto permite declarar activos no registrados con un tratamiento tributario preferencial. La medida atraerá dólares que están fuera del circuito formal y ampliar la liquidez, sin recurrir a endeudamiento.
Para fomentar la generación de empleo, los aportes patronales podrán ser computados como pago a cuenta del IVA en el caso de nuevas contrataciones.
Este beneficio reduce el costo laboral formal y apunta a incentivar la creación de puestos de trabajo en un contexto de debilidad del mercado laboral.
En el caso de los profesionales independientes, podrán descargar crédito fiscal del IVA, alivianando su carga impositiva y mejorando su ingreso disponible.
Liberación de exportación
El decreto dispone la eliminación de autorizaciones previas para exportar, un mecanismo que durante años condicionó la salida de productos al exterior a certificaciones de “abastecimiento interno” y “precio justo”.
Estas autorizaciones, otorgadas por distintas instancias del Estado, operaban como un freno burocrático y, en la práctica, como un instrumento político de control del comercio exterior.
En términos concretos, se deja sin aplicación la exigencia de permisos emitidos por el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (Senavex) para productos considerados estratégicos, principalmente del ámbito agropecuario y agroindustrial.
Entre ellos están el maíz y sorgo, azúcar, carne bovina y derivados, además de otros alimentos con potencial exportador.
La exportación de estos productos queda habilitada de forma automática, siempre que se cumplan las normas sanitarias y de calidad exigidas por los mercados de destino. Esto no implica ausencia total del Estado. Las exportaciones continúan sujetas a controles sanitarios, fitosanitarios y de calidad, así como a las obligaciones tributarias y aduaneras vigentes.
Salario mínimo
La norma promulgada por Paz dispone también el incremento a Bs 3.300 del Salario Mínimo Nacional a partir del 2 de enero para fortalecer el ingreso de los trabajadores y mitigar el impacto del levantamiento del subsidio a los combustibles.
El Gobierno argumenta que el incremento busca equilibrar el esfuerzo entre trabajadores, Estado y sector privado, sosteniendo la cohesión social en un escenario de emergencia económica.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su respaldo a las medidas de ordenamiento estructural dispuestas por el Gobierno, aunque manifestó su preocupación por el incremento unilateral del salario mínimo nacional en 20%, que lo eleva a Bs 3.300.
La entidad empresarial señaló que las decisiones adoptadas buscan evitar un agravamiento de la situación económica que, de no corregirse, podría derivar en un colapso “inmanejable”.
Por su parte, la federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) señaló que hubiera sido deseable una consulta previa al sector privado y planteó la necesidad de un diálogo tripartito que permita resguadar el empleo como la estabilidad de las empresas.
Para mitigar el impacto del incremento en los costos laborales, en micro y pequeñas empresas, el decreto establece medidas de alivio como la posibilidad de computar aportes patronales como pago a cuenta del IVA en el caso de nuevas contrataciones, así como el diferimiento de créditos productivos y el acceso a regímenes tributarios simplificados.