La presunta manipulación judicial para intentar destituir a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, con el objetivo de que su suplente Iván Campero asuma el cargo, se investiga desde el pasado 11 de junio. Hasta el momento, se conoce de ocho implicados en este proceso y de ellos, siete ya fueron cautelados, mientras que el octavo involucrado todavía se encuentra prófugo. Pero, en este momento, ninguno de los procesados se encuentra encarcelado porque algunos lograron beneficiarse con la medida de detención domiciliaria (cuatro) y otros están hospitalizados (tres). Entre los investigados con orden de detención preventiva en una cárcel se encuentran el ex ministro de Justicia, César Siles; la ex vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro; y el juez Marcelo Lea Plaza. Pero los tres imputados alegan problemas de salud y ahora permanecen internados en distintos nosocomios. Paola Senzano, médica del exministro Siles, informó la semana pasada que el diagnóstico del paciente “es un post operatorio de absceso isquiorrectal con el antecedente de haber sido operado el 5 de febrero por una fístula anorrectal”. Zuleika Lanza, abogada del juez Lea Plaza, aseguró en pasados días que su defendido está pasando “por un cuadro crítico” debido al desmedro de su “situación renal” y que, asimismo, atraviesa por un “estado depresivo”. Quien sí estuvo en la cárcel, al menos de manera momentánea, fue la exvocal Castro, quien ahora también está internada en una clínica. El lunes, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, Rodolfo Machicado, confirmó que la semana pasada recibió el reporte de que la exvocal fue trasladada del penal de Obrajes a una clínica “por un tema de salud”. El magistrado suplente del TSJ, Iván Campero; el ex presidente del TDJ, Yván Córdoba, un funcionario del Juzgado de Coroico y otro abogado se encuentran con detención domiciliaria. Entretanto, el proceso investigativo de este caso sigue en reserva, pese a que se había anunciado que se iba a levantar dicha medida. Marco Antonio Cárdenas, delegado del Consejo de la Magistratura de La Paz, dijo que la reserva fue ampliada por 10 días debido a la complejidad del caso y porque todavía falta la captura del prófugo, además de la declaración informativa de varias otras personas. Hospitalizados
Detención domiciliaria