La Policía Boliviana negó este martes el uso de armas de fuego durante el operativo de desbloqueo del botadero de Cotapachi, en el municipio de Colcapirhua, y denunció que sus efectivos fueron emboscados por comunarios. Fruto del enfrentamiento dos personas fallecieron y más de una decena de personas resultaron heridas, entre ellos siete uniformados. El Ministerio Público conformó una comisión de fiscales que ya realiza inspecciones en la zona para esclarecer las causas y responsabilidades del hecho.
El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Alejandro Basto, afirmó que los efectivos fueron atacados cuando cumplían una orden judicial. “La Policía, al momento de salir, ha sido emboscada, fruto de ello tenemos siete efectivos heridos”, declaró. De esa forma, rechazó las acusaciones de los pobladores que sostienen que los uniformados dispararon contra la multitud.
Los hechos ocurrieron la mañana del lunes, cuando unidades antidisturbios ingresaron a Cotapachi para habilitar el acceso al relleno sanitario, bloqueado desde hacía 12 días. Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de alta tensión: pobladores increpando a los policías, intentos de rescatar a personas arrestadas y forcejeos alrededor de patrullas policiales.
De acuerdo con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el caso es investigado bajo tres tipos penales: homicidio, instigación pública a delinquir y lesiones graves y leves. Peritos aún analizan los indicios balísticos para determinar quiénes utilizaron armas de fuego y el calibre de los proyectiles que causaron las muertes.
La defensa legal de los policías, representada por el abogado Rolando Ramos, denunció que los uniformados fueron víctimas de secuestros, torturas y ataques con objetos contundentes y presuntos explosivos. Señaló que dos sargentos y dos tenientes fueron retenidos temporalmente y golpeados, y que uno de los efectivos heridos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extraerle 37 esquirlas. Otros seis policías presentan lesiones de diversa consideración.
Ramos aseguró que la intervención policial se realizó en cumplimiento de una resolución judicial emitida en el marco de una acción popular, debido a que el bloqueo representaba un riesgo para la salud pública por la acumulación de basura. “La actuación fue legal y proporcional”, sostuvo, y adelantó que la denuncia será ampliada a tentativa de homicidio.
Desde el sector salud, el director del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, Julio Orozco, informó que 16 personas resultaron afectadas por el enfrentamiento. Trece heridos fueron atendidos en ese nosocomio, de los cuales dos llegaron sin signos vitales. Otras personas fueron derivadas a centros de salud de Cochabamba.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge García Pinto, realizó este martes una inspección ocular junto a fiscales y confirmó que las autopsias médico-forenses de las dos víctimas fatales ya fueron practicadas. Indicó que al menos tres policías permanecen internados y no descartó la participación de grupos de choque ajenos a la comunidad, una línea que también forma parte de la investigación.
Mientras avanzan las pericias técnicas y declaraciones, las autoridades reiteraron que el objetivo es establecer la verdad de los hechos, identificar a los responsables del uso de armas letales y evitar que un conflicto por la gestión del botadero derive en nuevos episodios de violencia.