En un tono esperanzador y con un mensaje que busca reconciliar al desarrollo con la naturaleza, el flamante presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció este sábado, durante su discurso de posesión, el inicio de lo que denominó “el Gobierno del futuro verde”. El mandatario aseguró que su administración se basará en la innovación, la ciencia y la tecnología, pero con una profunda responsabilidad ambiental.
“Defenderemos nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros glaciares. El desarrollo económico irá de la mano del respeto al medio ambiente; no más divorcio entre crecimiento y naturaleza”, proclamó desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un mensaje que generó aplausos entre autoridades, representantes diplomáticos y organizaciones civiles.
El nuevo jefe de Estado subrayó que Bolivia debe recuperar su presencia internacional con dignidad, alineándose con las agendas globales de sostenibilidad. “Vamos a construir un nuevo concepto: el Gobierno verde. Bolivia volverá al mundo con dignidad”, afirmó, planteando un giro discursivo y político frente a décadas de tensiones entre el crecimiento extractivista y la conservación ambiental.
Un plan con bases ecológicas
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), fuerza que llevó a Paz Pereira al poder, ya había incluido en su Plan de Gobierno una sección específica sobre Protección del Medio Ambiente y la Utilización Responsable de los Recursos Hídricos. En ella se plantean siete estrategias orientadas a transformar la relación del Estado con los ecosistemas y recursos naturales.
Entre los puntos más relevantes figura la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad, la Conservación de Cuencas Hidrográficas, y la Prevención y Control de Incendios Forestales, temas que cobran mayor relevancia tras la devastación de más de 10 millones de hectáreas de bosques en 2024, principalmente en Santa Cruz y la Amazonía.
El PDC también propone la erradicación de la minería ilegal y la protección de áreas naturales, además del fortalecimiento del marco normativo y la gobernanza ambiental, un desafío clave en regiones donde el Estado ha perdido presencia frente a economías ilícitas.
La sexta estrategia plantea la promoción de la educación ambiental y una cultura de responsabilidad, mientras que la séptima apuesta por la abrogación de leyes “incendiarias”, aprobadas en gestiones anteriores, que facilitaron el chaqueo y el uso indiscriminado del fuego para la expansión agrícola.