Vecinos de la comunidad Chiu Chiu, en el municipio de Cotagaita (Potosí), denunciaron ante la Cámara de Diputados el avasallamiento de tierras y explotación minera ilegal que, según sostienen, estaría contaminando el río de esa región. Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) reportó, por su lado, la existencia de esta actividad por efecto de una inspección en diciembre de 2025.
La denuncia fue presentada mediante una carta firmada por Samuel Vidaurre Rocabado, corregidor de la comunidad, en la que se señala que, desde 2024, un grupo de personas se habría apropiado de una extensión de tierras para realizar actividades mineras. En el documento, los comunarios responsabilizan al exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hilarión Mamani y a algunos de sus familiares. El aludido rechazó esas sindicaciones.
El diputado Edgar Zegarra (Libre), miembro de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, informó a EL DEBER que realizó una inspección en la zona tras recibir la denuncia. Según el legislador, durante la verificación pudo constatar irregularidades en el accionar de algunas autoridades locales.
“Nos preocupa la actuación de policías y fiscales de Cotagaita, así como de funcionarios de la AJAM, porque pese a las pruebas presentadas por la comunidad no se han tomado acciones”, afirmó.
La Dirección Regional Tupiza–Tarija de la AJAM, junto al Ministerio Público y la Policía Boliviana, realizó el 19 de diciembre de 2025 una inspección en el Jatun Ayllu Toropalca, en Cotagaita (Potosí), donde constató explotación ilegal de minerales como plomo, zinc y plata mediante bocaminas y el uso de maquinaria minera. Durante el operativo fueron aprehendidas dos personas que no acreditaron derechos mineros.
Según un reporte de esa entidad, la AJAM inició acciones legales por explotación ilegal y anunció que continuará con operativos de fiscalización para combatir la minería ilegal.
Policías multaron a una volqueta de un familiar del exsenador Mamani
Pero, de acuerdo con Vidaurre, ante la falta de respuesta de las autoridades, los comunarios decidieron retener una volqueta que, según aseguran, estaría vinculada con la extracción de tierra del sector cercano al río.
El dirigente también indicó que cuentan con un video grabado por un abogado de ese municipio, en el que se observa otro camión similar, sin placas de control, que sería conducido por Álvaro Mamani, hijo del exsenador.
En las imágenes —según el relato del corregidor— también aparece un policía que emite una multa de tránsito por la ausencia de placas, pero se niega a inspeccionar la carga del vehículo.
“En varias volquetas sacan cientos de toneladas de tierra desde ese sector cerca al río, especialmente por la noche. Nadie hace nada y la contaminación continúa”, denunció Vidaurre.
Las tensiones en la zona escalaron en febrero. El secretario de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, Aldo Tejerina, denunció que durante una verificación solicitada por los comunarios de Chiu Chiu, el equipo fue atacado con 32 detonaciones de dinamita por parte de mineros del sector.
Consultado por EL DEBER, el exsenador Hilarión Mamani rechazó las acusaciones en su contra. No obstante, reconoció que algunos de sus familiares trabajan en la zona, aunque afirmó que él no tiene responsabilidad sobre esas actividades.
“Ellos son gente grande, yo no tengo nada que ver. Vivo en otra comunidad y solo fui a ese sector cuando era autoridad. Ahí me hablaron de este problema, pero esos dirigentes también tienen sus intereses. El diputado Zegarra es de la derecha; esto es guerra sucia en mi contra y voy a asumir medidas”, declaró Mamani quien se alineó con el evismo en la crisis que golpeó al MAS.
El exlegislador señaló que no recuerda con precisión la fecha de su visita al lugar ni qué gestiones se realizaron entonces desde la Asamblea Legislativa. Asimismo, indicó que no tiene conocimiento de que en el municipio se esté realizando minería ilegal que contamine el río Cotagaita.
Mientras tanto, los comunarios de Chiu Chiu insisten en que las autoridades investiguen el caso y adopten medidas para frenar la explotación minera que, según denuncian, está afectando al ecosistema y a la vida de la comunidad.