En una extensa entrevista en el programa electoral del Grupo El Deber, el gobernador de Santa Cruz y candidato a la reelección por Creemos Patria, Luis Fernando Camacho, afirmó que su eventual segundo mandato estará marcado por la transición “de la resistencia a la acción”. Sostuvo que su gestión estuvo limitada por su detención y por la falta de recursos, y que el eje de su propuesta es concretar el 50/50 de los ingresos del Estado y un nuevo pacto fiscal para fortalecer la autonomía.
— ¿Qué tareas quedaron pendientes y qué priorizaría en una nueva gestión?
La pregunta sería qué no nos falta. Hay mucho por hacer. No nos dejaron llevar adelante la gestión como queríamos; de cinco años, prácticamente tres fueron en la cárcel. Aun así, avanzamos. Hoy es el momento en que Santa Cruz pasa de la resistencia a la acción. Necesitamos concretar el pacto fiscal y el 50/50 para disponer de recursos y atender salud, educación y las necesidades de las provincias. Sin eso, hablar de grandes obras sería mentir. Primero debemos garantizar lo básico: agua, luz, caminos y hospitales que funcionen.
— ¿Qué significa, en concreto, el 50/50?
Es el 50% de los ingresos que percibe el Gobierno nacional. No estamos diciendo que todo vaya a las regiones, sino que se distribuya la mitad entre gobernaciones, alcaldías y universidades. Si Santa Cruz aporta más de un tercio de los ingresos del país, debe recibir lo que le corresponde. La propuesta trabajada con la universidad plantea, por ejemplo, una distribución 30/10/10 dentro de ese 50%, pero lo central es sentarse y acordar sobre la totalidad de los ingresos. No es lo mismo el 50 del 10 que el 10 del 50; por eso la discusión debe ser técnica e institucional.
— ¿Cómo se fortalece la autonomía y se avanza hacia el federalismo?
El federalismo es un proceso. Primero debemos profundizar la autonomía con recursos y competencias reales. No puede ser que tengamos que pedir todo al nivel central. Santa Cruz produce el 72% de los alimentos del país y aun así nuestras provincias no tienen carreteras, agua ni conectividad suficiente. El cable óptico desde San Pablo y la inversión en tecnología son claves, pero sin recursos no hay autonomía real. Además, necesitamos libertad para decidir en qué invertir, sin imposiciones centralistas.
— ¿Cuál sería su primera obra si es reelecto?
Antes que una obra puntual, el primer paso es garantizar recursos. Hoy, descontando deudas, tenemos alrededor de 800 millones de bolivianos, la mayoría destinados a salud. No hay margen. Estamos trabajando en proyectos estratégicos como el Mutún, Puerto Busch y Rositas, además de concesiones viales como San Ignacio–Vila Bela y Roboré–Paraguay. También avanzamos con el gobierno de Corea en un hospital oncológico en el distrito cinco. Pero todo depende de ordenar las finanzas y concretar el 50/50. Sin estabilidad económica, cualquier anuncio sería irresponsable.
— ¿Qué rol jugará el sector privado ante la falta de recursos?
Es fundamental. Ya estamos aplicando concesiones para carreteras. La ley de concesiones existe y la estamos usando; lo que no funciona es la ley de Alianzas Público-Privadas (APP) por vacíos normativos. Queremos que el empresariado cruceño participe más en estas obras y no depender solo de capital extranjero. Recuperar competencias permitirá ampliar ese esquema y dinamizar inversiones en infraestructura productiva.
— El tema tierras es conflictivo. ¿Cómo lo abordará?
El mayor problema son los avasallamientos. Existe una red de tráfico de tierras que debemos frenar. La Comisión Agraria Departamental, que ahora tiene efecto legal, permitirá transparentar qué dotaciones fueron legales o no. Sin seguridad jurídica, no hay inversión ni expansión productiva. Además, el acceso a biotecnología permitirá producir más en menos tierra y reducir presión ambiental. Si no cortamos esa red delincuencial, no podremos hablar de desarrollo sostenible ni de exportaciones crecientes.
— ¿Impulsará procesos contra quienes promovieron su detención?
Lo vamos a hacer en su momento. No es un tema personal; es un precedente institucional. El voto del pueblo eligió un gobernador por cinco años y al primer año lo encarcelaron. Cualquier gobierno debe respetar el mandato popular y las autoridades electas.
— ¿Se compromete a trabajar coordinadamente con el próximo alcalde?
Sí. El escenario político cambió. Ya no estamos en la etapa de confrontación. Este es un momento histórico que no se puede desperdiciar. La coordinación con alcaldías, municipios y el Gobierno nacional es clave.