El vocero presidencial, Jorge Richter, informó que el diálogo solicitado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz para abordar las decisiones de la Cumbre Departamental de Emergencia por un Censo Oportuno y Transparente solo será posible en el marco de la agenda presidencial y “sin ultimátums por detrás”.
La autoridad detalló en el programa ¡Qué Semana! De EL DEBER Radio que el presidente Luis Arce se reunirá el próximo martes con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y otras organizaciones sociales de Potosí, y que también tiene en agenda encuentros con los alcaldes de las ciudades capitales y con los rectores de las universidades del país. “En ese marco, son bienvenidas las propuestas de diálogo sin ultimátums por detrás”, subrayó Richter, en referencia a la decisión de la Cumbre Departamental de Emergencia por un Censo Oportuno y Transparente, que le dio al Gobierno cinco días hábiles para atender sus demandas. Durante el programa radial, el vocero dio también respuesta a otras demandas definidas en el encuentro de instituciones y representantes cruceños, como la compensación económica que pide Santa Cruz por el aumento de su población en más de 700.000 personas, según las proyecciones realizadas por el INE. “Las encuestas demográficas intercensales, que permiten una proyección de los habitantes, se realizan para hacer proyecciones, pero no se aplican con criterios de redistribución” de recursos, afirmó Richter. Respecto al incumplimiento de deberes y daño económico al Estado por parte de los responsables de llevar a cabo el censo este año, la autoridad indicó que el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, evaluará las acciones a tomar. “Si habrá sanciones, seguramente el ministro Sergio Cusicanqui se va a tener que encargar sobre una revisión de las formas y cómo ha avanzado la gente ahí adentro, la eficiencia de la gente en el INE. Eso seguramente se va a evaluar”, afirmó. El miércoles pasado, el Gobierno aprobó el Decreto 4760 para postergar el Censo Nacional de Población y Vivienda del 16 de noviembre de 2022 hasta mayo o junio de 2024. La norma fue trabajada luego de que el Consejo Nacional de Autonomías determinara por consenso pedir la postergación. La decisión provocó el rechazo de regiones e instituciones que no ven razones técnicas para no efectuar la encuesta nacional este año. Según Richter, el INE habría podido cumplir con el cronograma inicial del censo, pero tropezó con la imposibilidad de adquirir en el mercado internacional equipos tecnológicos y vehículos por causa de la pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El Instituto Nacional de Estadística, además, “no había considerado” los procesos migratorios que se dan en algunas regiones, el movimiento de gente por procesos productivos como la zafra y las lluvias de temporada, detalló.