El presidente Rodrigo Paz Pereira se mostró dispuesto a revisar el Censo 2024 —cuestionado en Santa Cruz por supuestas omisiones e inconsistencias— y anunció el inicio de la primera fase técnica del plan 50/50, una propuesta de redistribución tributaria que el Gobierno presenta, según dijo, como el punto de partida de una reforma estructural del Estado orientada a “producir, crecer” y fortalecer autonomías con “responsabilidad fiscal”.
Las declaraciones fueron realizadas ayer tras una jornada de reuniones con autoridades departamentales y en el marco de un gabinete que el Ejecutivo instaló en la capital cruceña.
“Creo que hay que revisarlo”
Consultado por los cuestionamientos al estudio realizado en 2024, Paz dijo que un nuevo censo no es un proceso simple, pero afirmó que la información poblacional es clave para tomar decisiones de largo aliento. “Todo lo que nos ayude a tener mayor puntualidad, mayor certeza de lo que somos, dónde estamos, qué hacemos y que hoy día con el último censo no se dio buena respuesta, creo que hay que revisarlo”, sostuvo.
El mandatario añadió que las regiones necesitan datos más precisos sobre sus fortalezas y debilidades para construir decisiones responsables vinculadas con el 50/50: “Toda región o departamento del país requiere mayor información (…) porque en ello va a ir parte de las decisiones del 50/50, por eso no hay que ser aventurero”.
La discusión se reactivó luego de que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho calificara al Censo 2024 de un “engaño” y afirmara que los datos no son precisos, lo que —según su posición— limita la capacidad financiera de las regiones. Sostuvo que un estudio regional proyectaba cerca de cuatro millones de habitantes en Santa Cruz, pero el resultado censal cerró con 3,1 millones. “No nos podemos quedar de manos cruzadas, porque nos han robado casi un millón de personas”, declaró la autoridad.
Respecto a las inconsistencias denunciadas, ya el 15 de noviembre de 2025, el Comité pro Santa Cruz había denunciado omisiones en San Ignacio de Velasco y afirmó que más de 40 comunidades habían quedado fuera del registro, lo que equivaldría a unas 8.000 personas no contadas, con impacto directo en coparticipación y planificación de servicios.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, reconoció que existen herramientas para corregir errores, pero consideró complicado realizar un nuevo levantamiento. “Este año posiblemente no es posible de hacer”, afirmó.
Según el Censo 2024, Bolivia tenía entonces 11.365.333 habitantes (5.682.835 mujeres y 5.682.498 hombres) y una tendencia a la urbanización, con siete de cada 10 personas viviendo en ciudades.
En paralelo al debate sobre el censo, Paz anunció que el gabinete en Santa Cruz iniciará el proceso del 50/50, una propuesta con la que llegó al poder y que busca modificar la actual distribución de recursos tributarios, en la que cerca del 75% queda en el nivel central y el resto se reparte entre regiones y universidades.
“Hoy en el gabinete en Santa Cruz vamos a iniciar el proceso del 50/50”, dijo, y remarcó que su plan “no es una consigna”. “El 50/50 no es una consigna, es una decisión estructural. El objetivo final administrativo es mejorar la vida de la gente”, apostilló.
Paz sostuvo que el 50/50 debe apuntar a la producción y el crecimiento, y no a “repartir pobreza”. “Esto no es repartir pobreza, es repartir futuro. El futuro se reparte con reglas claras”, afirmó.
El presidente adelantó que la primera etapa incluirá lineamientos a ministros, mesas técnicas sectoriales y un proceso “estructurado y transparente” que convoque a sectores productivos y sociales, legisladores, gobiernos subnacionales y autoridades electas en las próximas elecciones.
“Hoy iniciamos la primera fase técnica. Se instruirá la conformación de mesas técnicas sectoriales. Invitaremos a todos: para construir el 50/50 se requiere de todos”, indicó la autoridad.
“Este no es nuestro Estado”.
Al responder a las consultas de los periodistas, el presidente afirmó que su gobierno no pretende “acomodarse” en la estructura estatal vigente, a la que atribuyó parte de la crisis económica. “Este no es nuestro Estado. Somos un gobierno que hemos llegado a un Estado que hay que transformar. Le he pedido a cada uno de los ministros y ministras que no se acomoden en este Estado, porque este Estado es el de los últimos 20, 22 años”, sostuvo.
Paz vinculó esa institucionalidad con la concentración del poder y anunció un proceso de desregulación: “Vamos a empezar ahora a eliminar leyes y decretos que no son necesarios. El primer paso es identificar todos esos decretos supremos que han sido solo acciones para empoderar al Estado central. Todo aquello que no sirva se va a eliminar”.
El presidente también advirtió que la redistribución no implicará “desorden fiscal” y planteó que gobernaciones y alcaldías deberán asumir responsabilidades en el manejo de recursos. “Cada nivel de gobierno debe ejercer sus competencias con responsabilidad fiscal. (…) No es transferir recursos sin control, es distribuir responsabilidades con reglas claras”, afirmó.
En la misma intervención, denunció que “extremos” intentarán usar el 50/50 con fines de desestabilización, y pidió que el plan sea entendido como un mecanismo de unidad nacional. “El 50/50 tiene que ser un actor de unidad y desarrollo entre los bolivianos y no de dispersión y confrontación”, dijo.
La presidenta interina de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, Mavy Pedraza, expresó dudas sobre el avance real del proceso y reclamó participación formal. “Con un discurso, con una simple conferencia de prensa, a nosotros no nos da esperanza. Queremos ver las leyes, queremos ver las mesas de trabajo que se van a efectuar para que los cruceños sepan cómo es que se va a descentralizar el Estado”, declaró.
El Censo, aplicado el 23 de marzo de 2024 y con resultados entregados el 1 de agosto de 2024, vuelve al centro de la discusión por su impacto en la redistribución de recursos y en la planificación de servicios. La presión por un estudio oportuno y transparente fue el núcleo del paro cívico de 36 días en 2022; entonces, el Gobierno se comprometió a realizar el operativo antes y a entregar resultados dentro de los plazos demandados.
Ahora, el Gobierno de Paz enlaza esa discusión con su propuesta 50/50 y plantea que la redistribución —si pretende cambiar la relación entre el nivel central y las regiones— requiere información sólida y una reforma normativa que, según el presidente, “libere atribuciones” y reduzca trabas centralistas. En ese contexto, reveló, por ejemplo, que el presidente de Brasil, Lula da Silva, tiene especial interés en fortalecer vínculos con Santa Cruz.