El Gobierno nacional denunció este viernes un “pacto de impunidad” para demorar los procesos judiciales contra Rómulo Calvo, el presidente del Comité pro Santa Cruz. Se solicitan informes, debido a que 15 de 35 causas en 18 años, corresponden al ámbito penal.
“Lo que llama la atención es que entre 2003 y 2021 tengamos 15 procesos penales de diferente naturaleza, cuando existe un hecho de corrupción y se demora tanto tiempo, justicia que tarda no es justicia, se presenta una situación de impunidad que no es admisible, son casos que tienen que ver con su rol de exconcejal, investigaciones promovidas por el exalcalde Percy Fernández, con avances significativos, pero extrañamente, por el rol en el Comité Cívico, pareciera que hay un pacto de impunidad, que ha llevado a que no se realicen acciones que se hacen en el caso de cualquier ciudadano, pareciera que hay algún privilegio, acuerdo de inmunidad o de impunidad, eso es lo que nos preocupa y por eso se ha solicitado informes”, advirtió el ministro de Justicia, Iván Lima.
El ministro reprochó que una persona que representa a una región tenga causas pendientes en la justicia y lamentó que se valga de su poder para ponerle trabas a las investigaciones, aunque desde su defensa se anunció que se presenta cuando es requerido por el Ministerio Público.
“No es una persecución política, en todas las actuaciones este gobierno respeta el debido proceso, pero no se puede tolerar la impunidad, que un determinado poder implique una afectación a la labor de los jueces, por eso tenemos la obligación de hacer un seguimiento estricto a los procesos”, ratificó Lima.
La entrevista:
Calvo protagonizó el paro multisectorial de nueve días contra el paquete de leyes que el MAS aprobó con su mayoría en el Legislativo. Actualmente surgieron dos nuevas denuncias en su contra, por los delitos de sedición, conspiración, terrorismo e instigación pública a delinquir.
“Una persona que representa a una ciudad o a un departamento, como Santa Cruz, lo primero que debe hacer es responder a la justicia, y no realizar actos de demora, de chicana, que impiden que la justicia actúe oportunamente. Lo correcto es que quien es funcionario público no tenga cuentas pendientes con la justicia”, concluyó Lima.
Una de las últimas acusaciones contra Calvo fue presentada ayer por el comité impulsor del juicio por el “golpe de Estado de 2019”. Su representante, Aldo Michel, acusó al Comité Cívico cruceño de ser una “fábrica de golpes de Estado” y alertó que Calvo podría fugar del país en las próximas horas.