Tenía 17 años cuando murió. Trabajaba sin asueto ni educación desde hace dos años. Son las primeras evidencias que tiene la Fiscalía de Rurrenabaque contra una mujer de 35 años que empleaba a esta adolescente en calidad “niñera” y que ahora está detenida preventivamente.
Además, según informó el fiscal Jaime Bladimir Malala a EL DEBER, la acusada enfrentará cargos de “trata de personas”, una figura penal que puede ampliarse a otros ciudadanos, incluidos a familiares de la menor que pudieron cobrar por el trabajo que ella redituaba.
“Por referencias se sabía que hace dos años trabajaba de niñera con ella (la imputada) y, por declaraciones testificales, se estableció que por 30 días pagaba Bs 500. Este hecho encuadra con la tipificación de trata, mucho más aún tratándose de una menor de edad”, afirmó.
Además, el representante del Ministerio Público señaló que “en las cartas póstumas que dejó la víctima” también existe materia para investigar delito de trata de personas establecido en el artículo 181 bis del Código Penal.
El apartado legal establece una pena de entre 10 a 15 años de prisión a quien “por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio, aunque mediare el consentimiento de la víctima” con varios propósitos, incluida la “explotación laboral y servidumbre”.
Sobre el papel que jugó la familia de la víctima, el fiscal Malala señaló que existen declaraciones en sentido de que “se apersonaba a pedir dinero” a la empleadora de la jovencita fallecida.
“La víctima era de la misma población, incluso, la imputada dijo que cuando la entregaron, ella nunca más se preocupó. Que lafamilia se apersonaba a pedirle dinero. Por eso se fundó la (investigación por) trata de personas, que es lo que corresponde”, afirmó Malala. La Fiscalía imputó a dos personas. Además de la empleadora -que recibió una detención preventiva de cuatro meses-, hay “otra empleada del domicilio” que está investigada por recibir una instrucción de la principal sospechosa. “Se habría comunicado para que limpie el domicilio (donde se halló el cuerpo de la adolescente), pese que estaba precintado por la Policía”, apuntó el Fiscal. La imputada estuvo el lunes castigada en el cepo por unas tres horas en un barrio de la población de Rurrenabaque. Varios vecinos la sacaron de la comisaría para aplicarle el castigo comunitario y para que la población la identifique, según un reporte de Río TV. La mujer está detenida en las instalaciones de la Fuerza Naval porque las instalaciones de la Policía del pueblo quedaron destruidas debido a la protesta de los vecinos que sacaron a la imputada de esas instalaciones. El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que se hará seguimiento al caso para que se cumpla con el debido proceso y reveló que la mujer que fue sometida al castigo del cepo está en estado de gravidez. Además, un contingente de policías llegó este martes para reforzar la seguridad al mando del comandante departamental Hernán Monrroy. Eso sí, la tensión de los tres días anteriores bajó debido a la celebración del martes de Carnaval. El fiscal Malala lamentó que por efecto de la movilización del lunes se haya perjudicado el inicio de las pesquisas. El médico forense fue agredido por pobladores y la computadora portátil donde estaba el informe del levantamiento del cuerpo fue sustraída.