Si bien el Gobierno de turno interpreta como una "injerencia el hecho de que organismos internacionales intervengan en la crisis política generada por las aprehensiones contra ex autoridades por el caso del supuesto golpe de Estado, Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que en la región existe un deber de injerencia cuando se presentan violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) o cuando hay un quebrantamiento del Estado de Derecho.
La Carta DemocráticaInteramericanay la ConvenciónInteramericana de DDHH son documentos que Bolivia firmó y donde las violaciones de este tipo tienen un carácter de intervención supranacional, es decir, al ser la democracia un derecho de los ciudadanos de las Américas, hay un deber de los organismos internacionales y Luis Almagro -secretario general de la OEA- no estaría cumpliendo con su mandato si no interviene en este tipo de violaciones, expresó Aparicio.
El ex embajador de Bolivia ante la OEA se refirió al asunto en una entrevista con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, y acotó que en diferentes ocasiones han intervenido organismos internacionales a problemáticas similares en la región o escenarios de crisis política como la del gobierno de Alberto Fujimori en Perú o la de Manuel Zelaya en Honduras.
Aparicio también lamentó que se hable de mala fe y recordó que este tipo de casos se puede llevar ante la Corte Penal Internacional, en La Haya (Países Bajos), en tres escenarios diferentes: cuando un Estado decide interponer un caso, cuando el Consejo de Naciones Unidas hace lo propio con un asunto específico o cuando un fiscal de la Corte decida por iniciativa propia llevar un caso para procesarlo y es cuando los organismos internacionales tienen derecho o potestad de presentar información.
La OEA no ha dicho que va a presentar una acusación contra Evo Morales ocontra Bolivia, sino que presentará información por las presuntas violaciones a los DDHH que responden a crímenes de lesa humanidad y que están enumerados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", remarcó Aparicio.
Además, el ex embajador recordó que la investigación que se lleva adelante por los hechos de violencia de Senkata en 2019, fue un pedido de Bolivia, donde la ex canciller Karen Longaric acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).