La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) valoró las recientes acciones coordinadas entre autoridades nacionales y departamentales para el desalojo de predios invadidos en Santa Cruz, y consideró que estas intervenciones representan una señal positiva para restituir el Estado de Derecho en el sector agropecuario, debilitado en los últimos años por el avance de los avasallamientos.
Sin embargo, la institución advirtió que estas medidas deben ir más allá de operativos puntuales. “Para que sean efectivas y sostenibles en el tiempo, deben estar acompañadas de decisiones estructurales tanto en el ámbito agrario como en el penal”, señaló el asesor legal de Anapo, Fernando Asturizaga.
Avasallamientos: delito agrario y penal
Asturizaga remarcó que la toma ilegal de tierras no es un hecho aislado ni meramente administrativo. “El avasallamiento de tierras es una acción punible que tiene una doble dimensión: agraria y penal, y requiere una respuesta integral del Estado”, enfatizó.
Desde Anapo sostienen que este delito suele estar vinculado a otros ilícitos como violencia, amenazas, porte ilegal de armas, robo, abigeato y vulneración de la libertad de trabajo, afectando no solo a productores, sino también a trabajadores rurales, comunidades, periodistas y efectivos policiales.
Revisión de normas y auditoría al INRA
En el ámbito agrario, la entidad considera urgente realizar una revisión profunda de la normativa aprobada en los últimos 20 años, con el objetivo de identificar vacíos legales y distorsiones que, según la institución, han incentivado la planificación y ejecución de tomas ilegales de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz.
Asimismo, Anapo pidió investigar el presunto tráfico de información sobre predios agrarios y tierras fiscales, una práctica que incluso fue denunciada en el pasado por exautoridades. En ese marco, demandó una auditoría técnica, legal y financiera a la gestión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de las últimas dos décadas.
Ordenamiento territorial y seguridad jurídica
La asociación también solicitó la convocatoria inmediata de la Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial para evaluar la distribución de tierras fiscales y su coherencia con el Plan de Uso de Suelo (PLUS), instrumento clave para el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental.
Además, planteó acelerar la emisión de resoluciones finales de saneamiento y la entrega de títulos ejecutoriales a pequeños, medianos y grandes productores, así como a comunidades campesinas e indígenas, que actualmente se encuentran en situación de indefensión jurídica.
Anapo insistió en que las investigaciones deben alcanzar no solo a los autores materiales de los avasallamientos, sino también a los autores intelectuales, financiadores, instigadores y redes organizadas dedicadas al tráfico ilegal de tierras.
En esa línea, la entidad —que representa a más de 14.000 productores del departamento— propuso la conformación de una comisión especializada de fiscales con formación en materia agraria, que investigue de oficio estos casos y sus posibles vínculos con otras actividades ilícitas.
“El objetivo es que, tras el debido proceso, se sancione a los responsables y se evite la reincidencia, que ya ha causado graves perjuicios económicos, sociales y productivos en Santa Cruz”, sostuvo Asturizaga.
“Es momento de recuperar la institucionalidad”
Para Anapo, el actual escenario abre una oportunidad para sentar bases sólidas en el sector productivo. “Este es el momento de recuperar la institucionalidad, el respeto a la ley y construir un modelo de producción sostenible, erradicando la persecución, la extorsión y la inseguridad jurídica en el campo boliviano”, concluyó el asesor legal.