Un juez de Estados Unidos optó por deportar al exministro Arturo Carlos Murillo Prijic, luego de que éste cumpliera una condena por lavado de dinero en ese país. En Bolivia, según el Gobierno, debe cumplir dos sentencias y asumir defensa en otros ocho procesos por delitos de corrupción.
“Es importante recordar la participación de Arturo Murillo, quien fue ministro de Gobierno en la gestión de (la expresidenta) Jeanine Áñez, que a la fecha cuenta con dos sentencias y varios procesos. Una de las sentencias emitidas en su contra es por el caso denominado ‘gases del Ecuador’, por el ingreso irregular, no solo de agentes químicos, sino también de armamento, que ha derivado en una condena de cinco años y cuatro meses”, informó, ayer en conferencia de prensa, la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
La segunda sentencia, de ocho años de prisión, que deberá purgar Murillo a sus 61 años, se generó por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos de una empresa de Brasil. Supuestamente, el dinero de esa transacción dio origen al proceso de lavado de dinero por el que fue condenado en EEUU.
Recordemos que Murillo ingresó a ese país, luego de huir de Bolivia, en un avión militar, en noviembre de 2020, solo unos días antes de que Luis Arce asumiera la presidencia. El 19 de octubre de 2020, había declarado a EL DEBER, “Yo puedo salir del país el rato que me dé la gana, cuando yo quiera. Seguramente lo voy a hacer, de vacaciones. Pero asilarme, no. No he robado, no he matado, no he asesinado. Si quieren perseguirme y encarcelarme, me van a encontrar en mi casa, no tengo miedo a eso”.
Procedimiento
La información brindada por Saravia, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos y la canciller de Bolivia, Celinda Sosa, se dio luego de conocer que el país del norte instruyó la deportación de Murillo, pese al fallido intento de la exautoridad de ser entregado a un tercer país, con el argumento de que su vida podría correr peligro en Bolivia.
Una vez en territorio nacional, en Viru Viru, será notificado por las causas que tiene abiertas en su contra y hoy mismo será trasladado a La Paz.
El procurador del Estado, Ricardo Condori, anunció ayer, que durante la audiencia cautelar que se instale, se solicitará la detención del exministro en el penal de Chonchocoro. Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, detalló que, en el Ministerio Público existe un registro de más de 30 procesos penales presentados en contra del exministro de Gobierno, de los cuales 22 fueron iniciados en ese distrito. De acuerdo al abogado constitucionalista, Abel Loma, quien hizo seguimiento de varios procesos penales en contra de Murillo, una mayoría de las investigaciones fueron abiertas luego que ejerció el cargo de ministro de Gobierno, por delitos de corrupción. Sin embargo, de acuerdo a una revisión realizada por EL DEBER en el sistema informático del Órgano Judicial, Murillo figura como denunciado en 34 procesos penales. En 15 de ellos como imputado, en otros 10 fue acusado y en aparece sentenciado en dos. Entre los casos más relevantes figuran, los juicios (ahora anulados) por las denominadas masacres de Sacaba y Senkata. Sobre la investigación de esos hechos, Murillo declaró el 27 de octubre de 2020: “ojalá que encuentren a las personas que han asesinado en Senkata y Sacaba, pero ojalá los busquen dentro de sus sindicatos”, dijo durante un acto de entrega de equipos a la Policía, en alusión a las organizaciones de cocaleros del Chapare, bastión político de Evo Morales. Otros tres casos en contra del exministro, son los relacionados a agentes químicos y armas, como la compra con sobre precio de gases lacrimógenos a una empresa de Brasil, además de la internación del mismo tipo de elementos y armamento desde Ecuador y Argentina. Se tiene también investigaciones por tráfico de drogas; una denuncia abierta por Servicio General de Identificación Personal (Segip); otro caso por legitimación de ganancias ilícitas; otro por resoluciones contrarias a la ley, por aprobar la venta de combustible de avión; además de un proceso por el robo de la libreta militar de Evo Morales, sustraída en 2020 a su entonces apoderada, Patria Hermosa, actual directora del Segip. De los 34 procesos, el más antiguo data de 2010 por uso de instrumento falsificado, actualmente cerrado, en cambio el caso más reciente es por organización criminal, abierto en 2023. El hombre fuerte del gobierno transitorio de Áñez, fue detenido el 24 de mayo de 2021 en EEUU, acusado por conspiración para el lavado de dinero y sobornos junto a otros particulares, porque se lo halló con un monto generado por la compra irregular de material antidisturbios para Bolivia. En enero de 2023 fue sentenciado a 70 meses de prisión por una corte federal, tras declararse culpable. No obstante, fue liberado anticipadamente en junio de este año por buena conducta y trasladado a un centro de detención migratoria, desde donde se concretó su deportación.