La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz determinó denegar la tutela a la acción popular que buscaba frenar el Decreto Supremo 5503. El recurso constitucional fue presentado por el abogado Wilmer Vásquez contra Rodrigo Paz, presidente del Estado; la Asamblea Legislativa Plurinacional; el Tribunal Constitucional Plurinacional; la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.
"Por tanto, la sala resuelve denegar la tutela solicitada", dictó la presidenta de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Carla Arancibia, este viernes, tras más de cuatro horas de audiencia.
Cabe resaltar que tanto Arancibia, como Alaín Núñez, el otro vocal de la Sala, resaltaron que “el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es el único competente para pronunciar sobre inconstitucionalidad de decretos”.
Por tanto, la normativa que entró en vigencia en diciembre del 2025, se mantiene intacta.
La normativa
En la segunda quincena de diciembre del 2025, el Decreto Supremo N.º 5503, mediante el cual el Gobierno declaró la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, establece un amplio paquete de medidas excepcionales que atraviesan la política monetaria, fiscal, productiva, energética y social del país. Aunque el texto se extiende a 27 páginas y cuenta con cuatro anexos técnicos, el núcleo del decreto está en las decisiones concretas que redefinen precios, incentivos, reglas de inversión, comercio exterior, crédito y transferencias sociales.
La medida legislativa generó reacciones a favor y otras en contra. Quienes se oponen a esta normativa mantienen desde hace días manifestaciones y bloqueos en el país.
Debido a ello, el gobierno nacional ha entablado diálogo con diversos sectores sociales, a la mayoría convenció y llegó a acuerdos. Pero otros, como los afines a la Central Obrera Boliviana aún se resiste y es por ello que mantienen las movilizaciones en el país.