El proceso de pacificación comenzó dos días después de que Jeanine Áñez asumió el mando. Al principio participaron los exministros de Evo Morales, que pedían salvoconductos para salir del país e incluso que Evo Morales retorne con garantías. Todo cambió desde el momento en que Eva Copa asumió como presidenta del Senado, Sergio Choque la de Diputados, y la bancada del MAS mostró apertura para la elección de vocales del TSE, y la convocatoria a nuevas elecciones. La negociación comenzó el 14 de noviembre hasta el 19 de diciembre.
Este es el recuento que hace la Iglesia Católica en su informe.
14 de noviembre
Participaron por el MAS la senadora Adriana Salvatierra, la diputada Betty Yañíquez y exprocurador general del Estado, Pablo Menacho; por Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz; por Unidad Nacional, Samuel Doria Medina; por Unidad Demócrata, Oscar Ortiz, la diputada Shirley Franco Rodríguez y Luis Vásquez; y el exdiputado Roberto Moscoso; por parte del Gobierno de transición: el nuevo ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
En la reunión se acordó un orden del día de cuatro puntos:
1. Desmovilización. Cese paulatino de la violencia.
2. Carácter transitorio del nuevo Gobierno.
3. Selección de miembros del Órgano Electoral y convocatoria a nuevas elecciones.
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, ofreció la posibilidad de una ley de garantías y seguridad para las ex autoridades y dirigentes del MAS. Les dio la posibilidad de que ellos mismos redactaran el proyecto. Pero a cambio de ello pidió la desmovilización. Los representantes del MAS indicaron que debían consultar la propuesta con sus bases.
Los representantes del MAS solicitaron salvoconductos de salida para las autoridades que estaban acogidas en las embajadas, garantías para que el expresidente Morales pudiese volver a Bolivia; aclarando que no realizaría actividades políticas, excluyendo expresamente una candidatura o asunción del gobierno por su parte.
Si se cumplían estas condiciones, el MAS se comprometía a: desmovilizar escalonadamente a los sectores en conflicto, reconocer el nuevo gobierno de transición, comenzar un diálogo sobre nuevas elecciones, componer un nuevo Tribunal Supremo Electoral y establecer presidencias de las dos Cámaras (Senadores y Diputados), que en todo momento afirmaron que le pertenecían a su partido puesto que gozaban de 2/3 en las mismas.