El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó la aprehensión de un minero presuntamente involucrado en el financiamiento de actividades ilícitas, en las movilizaciones del centro paceño, que se registran desde el lunes en contra del retiro a la subvención de los carburantes, establecido en el Decreto Supremo 5503.
Mariaca sostuvo que la intervención se realizó tras identificar a una persona que habría proporcionado recursos económicos a grupos que protagonizaron las movilizaciones de este martes.
Aclaró que el aprehendido está bajo custodia, mientras se contabiliza el dinero incautado y se investiga el destino de los fondos, así como a los posibles beneficiarios.
Según la autoridad, el caso es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y otros tipos penales que serán definidos en la imputación formal que presentará el fiscal asignado al proceso.
En otras palabras, el fiscal señaló que se ha identificado la participación de supuestos mineros en actos ilícitos y que uno de ellos fue aprehendido por ser quien presuntamente administraba y distribuía recursos económicos para sostener las movilizaciones.
El reporte preliminar
Al menos cinco efectivos policiales resultaron heridos este martes tras la detonación de cachorros de dinamita durante los enfrentamientos registrados en el segundo día del paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana contra el Decreto Supremo 5503, informó la Policía.
Los uniformados fueron evacuados de emergencia y trasladados al Hospital Obrero, donde reciben atención médica.
Los choques se produjeron cuando grupos de manifestantes, principalmente mineros, intentaron ingresar por la fuerza a la Plaza Murillo, el kilómetro cero del país.
La Policía Boliviana reportó que los heridos presentan lesiones compatibles con ondas expansivas, y que se abrió una investigación por el uso de explosivos en las movilizaciones.
En paralelo, cinco mineros fueron aprehendidos por presunta manipulación de explosivos, mientras que un representante de derechos humanos confirmó ocho arrestos durante la gasificación en inmediaciones de la plaza.
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos intentaron verificar la situación de los detenidos en dependencias policiales.